Por Santiago Pérez Pons. Economista y diputado provincial (PJ)
En 2025, el Chaco registró 143 suicidios consumados, 32 más que el año anterior. Un aumento del 27,7%, muy por encima del promedio nacional (22,6%) y una de las cinco variaciones más altas del país, solo detrás de Buenos Aires, Misiones, Salta y Santa Cruz.
La tasa provincial trepó a 12,8 cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional (11,8) y muy por encima del promedio mundial que informa la Organización Mundial de la Salud (9,1).
Esa estadística tiene un lugar físico donde se vuelve visible todos los días: el Puente General Belgrano. Desde agosto de 2023, Los Ángeles del Puente —más de 500 voluntarios, en su mayoría chaqueños— patrullan las 24 horas para evitar que alguien se arroje al río. La mayoría de quienes llegan al puente son chaqueños. Se trata, en su mayoría, de varones de entre 20 y 35 años: adultos jóvenes que, aunque ya no son menores de edad, en gran parte todavía dependen de sus padres o de su familia para sostenerse económica y emocionalmente.
Cuando Los Ángeles logran una intervención a tiempo, la persona rescatada termina internada del lado correntino. Los voluntarios denunciaron públicamente la falta de articulación con Salud Pública chaqueña. El Gobierno provincial ni siquiera coordina con el grupo de voluntarios que le está salvando la vida a sus propios ciudadanos.
En el Chaco el terreno económico se deterioró en paralelo: el empleo privado registrado cayó 9,8% desde noviembre de 2023, con una caída del 5,2% solo en el último año. La desocupación en el Gran Resistencia pasó del 4,3% a comienzos de 2023 al 9,7% en el primer trimestre de 2026: la más alta de todo el NEA y la cuarta más alta del país.
A eso se suma el endeudamiento: la morosidad con bancos saltó del 3,2% al 9,6% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, y en las financieras no bancarias y billeteras virtuales —adonde recurre buena parte de quienes tienen trabajo informal— trepó del 13,7% al 37,3% en el mismo período, según un informe de Ieral Regional NEA (Fundación Mediterránea). El propio estudio es elocuente: el consumo de los hogares no se sostiene por una mejora salarial, sino por crédito y transferencias del Estado, porque el salario real sigue perdiendo contra la inflación.
Como lo menciono con anterioridad, las víctimas de suicidio son en su mayoría varones concentrados entre los 18 y los 34 años que es justamente la franja que hoy encuentra más difícil insertarse en el mercado laboral y sostener un proyecto de vida, y en el Chaco ese mercado laboral se achicó más que en casi ninguna otra parte del país.
Detrás de esos números hay una historia con fecha y con nombre y apellido, que no suele contarse junto a la estadística. El 28 de mayo de 2025, la Legislatura del Chaco sancionó por unanimidad la Ley 4.169-G, que declaraba la Emergencia en Materia de Salud Mental en el sistema público provincial por un año. Dos meses después, el gobernador Leandro Zdero la vetó parcialmente. No vetó la emergencia en sí —eso hubiera sido políticamente insostenible—: vetó, uno por uno, los cuatro incisos que le daban contenido real:
-Personal especializado. El artículo original obligaba a asignar profesionales y agentes capacitados en salud mental a los centros de atención primaria y comunitaria. Zdero lo reemplazó por "fortalecer la asignación de recurso humano... de manera gradual", y agregó la telesalud como estrategia "válida", en los hechos como sustituto de la presencia de un profesional.
-Áreas de desintoxicación e internación. La ley preveía habilitar en los hospitales generales áreas de desintoxicación y de internación por consumo problemático y salud mental. El veto lo transformó en "habilitación progresiva", condicionada a la "viabilidad presupuestaria". Es decir: se hace si y cuando el Ministerio decida que hay plata.
-Unidad pediátrica y vivienda para pacientes crónicos. La ley disponía un sector de internación para niños, niñas y adolescentes en el Hospital Pediátrico Avelino Castelán, y vivienda asistida para adultos con padecimientos crónicos sin red de contención. El veto condicionó la unidad pediátrica a la "factibilidad presupuestaria disponible" y directamente recortó la obligación de disponer vivienda para los pacientes crónicos.
-Control de instituciones privadas. La ley ordenaba "intensificar los controles" de las clínicas privadas de salud mental. El veto lo bajó a "recomendar" que el Ministerio y el Órgano de Revisión de Salud Mental "elaboren un plan", calificando el control real de función "duplicada".
Vale la pena detenerse en uno solo de esos cuatro incisos, el que tocaba más de cerca a las familias: el que garantizaba en el Hospital Pediátrico Avelino Castelán un sector para la internación de niños, niñas y adolescentes en situaciones de crisis aguda de salud mental. La ley original lo establecía como una obligación del Estado.
El veto lo convirtió en una posibilidad, condicionada a "la factibilidad presupuestaria disponible". No se vetó un trámite administrativo: se vetó el acceso al derecho a la salud de un niño o una niña que necesita ser internado, y con él, el sostén de su madre, su padre o quien lo cuide, que hoy tiene que salir a buscar una cama en otra provincia, cargar con los costos de un traslado y sostener en soledad la angustia de una internación psiquiátrica infantil, sin que el Estado chaqueño le garantice un lugar.
En ningún caso el veto vino acompañado de un estudio de factibilidad técnica o financiera que lo respaldara: el propio texto de la nota de veto lo admite cuando cuestiona que la ley original tampoco tuviera uno. Es decir, el gobierno le exigió a la Legislatura el estudio que él mismo nunca hizo para justificar por qué no se podía cumplir.
No sostengo que exista una relación lineal y directa entre ese veto y cada uno de los 143 suicidios registrados en el Chaco durante 2025: la salud mental es multicausal, y la evidencia disponible —desempleo, endeudamiento, incertidumbre económica— lo confirma. Lo que sí sostengo es esto: la Legislatura, con los votos de todos los bloques, declaró que había una emergencia. El Poder Ejecutivo, con un plumazo administrativo, le sacó los dientes a esa declaración. Y un año después, el Chaco lidera el ranking de crecimiento de suicidios en el país. Eso también es una decisión política, y las decisiones políticas tienen consecuencias que se pueden medir.
Por eso creo que en el Chaco no alcanza con pedir más visibilidad ni con anunciar una nueva mesa de trabajo. Hay algo más concreto y verificable para exigir:
-Restituir la ley, con presupuesto. Que el Poder Ejecutivo reglamente e implemente los incisos vetados de la Ley 4.169-G con partidas presupuestarias concretas, o que la Legislatura insista y los restituya como fueron sancionados.
-Escuela como política de Estado. Institucionalizar charlas y talleres de salud mental en todos los niveles educativos de la provincia, con equipos interdisciplinarios estables, siguiendo modelos ya probados en otras jurisdicciones.
-Medir lo que se declara. Si el Estado provincial declara una emergencia, tiene la obligación de publicar, año a año, si la emergencia mejoró o empeoró. Hoy no lo hace.
Declarar una emergencia y vaciarla en la letra chica no es gestión, es maquillaje institucional. El Chaco ya pagó el costo de esa distancia entre lo que se anuncia y lo que se financia. La salud mental no se resuelve con un decreto ni se cancela con un veto: se sostiene, todos los días, con presupuesto y con decisión política. Eso es lo que todavía falta.
Fuente: Diarionorte.com