La historia de la llamada “Patagonia árabe” en Río Negro expone un proceso de extranjerización de tierras que ya no se limita a empresarios o particulares: son directamente Estados extranjeros los que avanzan sobre territorios estratégicos. Emiratos Árabes Unidos y Qatar acumulan decenas de miles de hectáreas en zonas de frontera, bosques nativos y fuentes de agua dulce, transformando el paisaje en enclaves que responden a intereses ajenos al país.
El caso del fideicomiso Amaike es paradigmático: detrás de sociedades pantalla y firmas interpuestas, se reveló que las tierras fueron compradas con dinero donado por el propio gobierno emiratí. Lo mismo ocurre con Manzil S.A., cuya composición accionaria pasó de argentinos a funcionarios vinculados directamente al emir Mohamed bin Zayed. No se trata de inversiones aisladas: son operaciones que consolidan presencia estatal extranjera en áreas de altísimo valor ambiental y estratégico.
La diputada Magdalena Odarda advierte que “los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”. Y lo hacen en lugares que deberían estar protegidos: altas cumbres, orillas de ríos, nacientes de agua. La comunidad mapuche Cayunao denuncia que sus territorios son ocupados, que lagunas usadas para ceremonias hoy están vedadas, que se instalaron puestos de vigilancia y que pescar está prohibido. El despojo territorial se suma a la falta de reconocimiento del derecho indígena, generando conflictos que ya llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Observatorio de Tierras del Conicet y la UBA confirma que el 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, con 13,2 millones de hectáreas transferidas. El problema no es solo la cantidad, sino la localización: cordilleras, zonas de frontera y áreas con recursos estratégicos. La ley vigente limita al 15% la propiedad extranjera, pero el nuevo proyecto en debate elimina esos topes, habilita la compra de nacientes de agua y deroga protecciones históricas en zonas de frontera.
La visita del emir de Abu Dhabi en 2026 con una comitiva de 200 personas alimentó las sospechas de que estas adquisiciones no son meramente turísticas. Se habla de refugios, de enclaves pensados como resguardo geopolítico en un contexto de tensiones internacionales. Lo que está en juego no es solo la propiedad privada: es el control de los recursos estratégicos del país y la soberanía sobre territorios que deberían ser intocables.
La “Patagonia árabe” es el síntoma de un modelo que avanza sobre tierras fiscales y comunidades originarias, con el aval de decretos que flexibilizaron la ley y abrieron las puertas a capitales del Golfo. El resultado es un mapa donde la cordillera y la costa atlántica se reconfiguran como espacios privatizados, vigilados y reservados para elites extranjeras. La discusión en el Congreso define si Argentina mantiene el control sobre sus recursos vitales o si los entrega a intereses que, bajo la apariencia de inversión, consolidan enclaves de otros Estados en suelo nacional.

