La decisión de la Corte Suprema de obligar al gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario es un golpe político y económico de enorme magnitud. No se trata solo de un fallo judicial: es la ruptura de un pacto tácito que venía sosteniendo la administración de Javier Milei con el máximo tribunal, evitando resoluciones que pudieran comprometer el plan económico.
El fallo eleva el aumento acordado del 24% al 37%, tal como establece la ley votada en múltiples ocasiones por el Congreso, incluso resistiendo los vetos presidenciales. Es una norma con fuerte respaldo institucional que ahora suma la validación de la Corte. El impacto directo es sobre el superávit fiscal, bandera del gobierno, que queda en riesgo frente a la obligación de destinar mayores recursos a las universidades.
La derrota expone además las tensiones internas del poder. Martín Menem y Juan Bautista Mahiques habían asegurado que el vínculo con Horacio Rosatti garantizaba que el fallo quedaría cajoneado. La realidad fue otra: la Corte decidió avanzar, dejando en ridículo a los operadores políticos y mostrando independencia frente a las presiones.
El trasfondo es aún más crítico. El gobierno había intentado desactivar la protesta universitaria con un acuerdo parcial, pero los rectores mantuvieron la demanda judicial. La Corte, al convalidar la cautelar, envía un mensaje claro: no se puede gobernar desconociendo leyes aprobadas por el Congreso ni recortando derechos básicos como la educación pública.
La gestión económica queda así cuestionada en su núcleo. El superávit, construido sobre recortes y licuación de gastos sociales, enfrenta límites institucionales y sociales. La Corte marca que no todo puede ser ajustado y que la educación superior es un derecho que trasciende coyunturas fiscales.
En términos políticos, el fallo desnuda la fragilidad de un gobierno que apostó a la obediencia de los poderes y se encuentra con un contrapeso inesperado. La pregunta que se abre es si Milei insistirá en sostener su programa de ajuste a cualquier costo o si deberá reconocer que la institucionalidad democrática impone límites que no pueden ser ignorados.