Ana María Juan fue designada en Hurlingham mientras su marido, Marcelo Martínez De Giorgi, apartó a las víctimas de la causa que involucra a Milei.
El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles el nombramiento de Ana María Juan como jueza federal en Hurlingham, pese a que el juzgado aún no está habilitado. La decisión llega en un momento sensible: su esposo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, instruye la causa $Libra que investiga al presidente Javier Milei por presunta estafa con criptomonedas.
La designación, publicada en el Boletín Oficial, fue avalada por el Senado y se suma a una serie de pliegos impulsados por tres presidentes: Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Juan, histórica funcionaria de Comodoro Py, había encabezado el concurso para el juzgado de Hurlingham y se desempeñaba en la oficina judicial de implementación del sistema acusatorio.
El contexto político y judicial refuerza las sospechas de alineamiento: hace apenas dos semanas, Martínez De Giorgi apartó del expediente a las querellas, debilitando la posición de las víctimas y favoreciendo a los imputados. Esa decisión fue apelada y deberá ser revisada por la Cámara Federal.
En paralelo, el gobierno libertario impulsa una renovación en la Cámara Federal, clave para las causas de corrupción. Envió al Senado los nombres de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar lugares en la Sala I, la misma que deberá resolver si las querellas vuelven al caso $Libra. Además, se prepara la salida de Martín Irurzun, que dejará su cargo al cumplir 75 años.
La designación de Juan, en este escenario, no es un hecho aislado: se inscribe en una estrategia de control institucional que combina nombramientos judiciales con decisiones procesales que afectan directamente la causa que involucra al propio presidente.