El exgobernador rechazó la acusación por tierras fiscales y sostuvo que existe una utilización política de la Justicia. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Ana María Canata, funcionaria incorporada por la gestión de Leandro Zdero.
Jorge Capitanich confirmó que apelará el procesamiento dictado en la causa que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de tierras fiscales durante su gobierno. En su descargo, afirmó que la resolución busca convertir decisiones administrativas en delitos y cuestionó que se le atribuya responsabilidad penal por expedientes que atravesaron controles técnicos y legales antes de llegar a la firma del gobernador.
La causa se inició a partir de una denuncia de Ana María Canata, quien ingresó con la gestión de Leandro Zdero para conducir el organismo provincial encargado de las tierras fiscales.
“Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución”, expresó el exgobernador. También señaló que la adjudicación en venta de un inmueble rural no implica automáticamente la entrega de su propiedad y remarcó que funcionarios responsables de controles anteriores fueron sobreseídos.
El juez que firmó el procesamiento
La resolución fue dictada por Fernando Carbajal, juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña. Carbajal fue diputado nacional por Formosa entre 2021 y 2025, electo por la UCR dentro de Juntos por el Cambio, y luego integró el bloque Democracia para Siempre.
Su trayectoria política agrega un dato relevante frente a la denuncia de Capitanich sobre la politización de la Justicia. El exgobernador fue procesado por un magistrado subrogante que, hasta diciembre de 2025, ocupaba una banca opositora en el Congreso.
Una Justicia bajo cuestionamiento
Capitanich advirtió sobre la gravedad institucional de que un gobernador sea juzgado por la Justicia Federal a partir de actos administrativos realizados dentro de las competencias de una provincia.
Según planteó, avanzar penalmente sobre decisiones de gobierno que atravesaron los procedimientos previstos afecta el federalismo y abre la puerta a que diferencias políticas o administrativas sean convertidas en causas judiciales.
El cuestionamiento también alcanza a la competencia del fuero. En esta instancia fueron descartadas acusaciones como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, figuras que habían contribuido a justificar la intervención de la Justicia Federal.
La defensa apelará tanto los fundamentos del procesamiento como la continuidad del expediente en ese fuero. Será la Cámara Federal la que deberá confirmar, modificar o revocar la resolución.