La APDH cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura y advirtió que avanzar contra un juez por tramitar una garantía constitucional puede sentar un precedente peligroso para el Estado de derecho.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuestionó la decisión del Consejo de la Magistratura del Chaco y reclamó que el proceso garantice independencia, imparcialidad y debido proceso. El organismo sostuvo que resulta especialmente preocupante que la suspensión preventiva del magistrado se vincule con su actuación en una causa de hábeas corpus preventivo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a través de la Regional Chaco Impenetrable y la Regional Resistencia, expresó su preocupación y rechazo ante la suspensión preventiva del juez Gustavo Rodolfo Lineras, integrante de la Cámara Primera en lo Criminal de la II Circunscripción Judicial del Chaco.
El pronunciamiento apunta al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que admitió formalmente una acusación contra el magistrado y resolvió apartarlo de manera preventiva mientras avanza el proceso.
Para la APDH, el dato central es que la acusación contra Lineras se origina a partir de su intervención en un hábeas corpus preventivo. El organismo remarcó que esa herramienta no es un trámite procesal más, sino una de las garantías constitucionales más importantes para proteger la libertad personal frente a actos u omisiones que puedan amenazarla o restringirla de manera ilegítima.
El trasfondo judicial y político
El caso se inscribe en una disputa judicial más amplia en Presidencia Roque Sáenz Peña. El fiscal César Luis Collado denunció a Lineras luego de una resolución dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo promovido por abogados que venían cuestionando la actuación del propio fiscal.
Collado se desempeñaba como fiscal provisorio de la Fiscalía de Investigación Nº 1 de Sáenz Peña y su continuidad quedó envuelta en una fuerte discusión institucional. En el concurso para cubrir cargos fiscales, su desempeño fue cuestionado por no haber alcanzado el estándar exigido, mientras otros postulantes reclamaron que el proceso siguiera su curso.
En ese contexto, el concurso fue declarado desierto, una decisión leída por sectores judiciales y políticos como una maniobra funcional al oficialismo provincial para preservar lugares de poder dentro del Ministerio Público Fiscal. Allí aparece el dato político que atraviesa el caso. Collado es señalado como un funcionario favorecido por la estructura del gobierno de Leandro Zdero, y esa sospecha agrava la lectura sobre la suspensión de Lineras.
La controversia escaló hasta el Consejo de la Magistratura, que terminó aceptando acusaciones cruzadas. Por un lado, la denuncia de abogados contra Collado. Por otro, la presentación de Collado contra Lineras. Ambos fueron suspendidos preventivamente.
La crítica de APDH
En su comunicado, la APDH cuestionó la interpretación realizada por el Consejo al disponer la suspensión preventiva del juez. El organismo advirtió que la resolución presentó la medida como una consecuencia institucional necesaria de la admisión formal de la acusación.
Sin embargo, recordó que la Ley 33-B utiliza una fórmula facultativa. La norma establece que el Consejo puede suspender provisoriamente al imputado según la naturaleza y gravedad de la acusación. Para la APDH, esa diferencia es clave.
El organismo sostuvo que en la resolución no aparece una fundamentación suficiente que permita valorar las circunstancias del caso, su contexto ni una descripción concreta de las conductas imputadas que justifique una medida de semejante gravedad.
También advirtió que no surge con claridad que se haya dado intervención al Procurador General para que dictamine sobre la acusación, como prevé la normativa.
Una señal sobre el hábeas corpus
Para la APDH, la discusión excede la situación individual de Lineras. La pregunta que se hace es qué señal se envía cuando un juez queda suspendido por una actuación vinculada al trámite de un hábeas corpus preventivo.
El organismo sostuvo que debilitar o desincentivar el uso de esa garantía implica afectar una herramienta histórica contra arbitrariedades y contra amenazas ilegítimas sobre la libertad personal.
Por eso, exhortó al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento a reconsiderar la suspensión preventiva decretada y a garantizar que el proceso se desarrolle con independencia, imparcialidad e igualdad.
Mientras el Consejo sostiene que se trata de una medida preventiva dentro de sus facultades, organismos de derechos humanos advierten que avanzar contra un juez por el contenido de una decisión vinculada a un hábeas corpus puede generar un precedente peligroso.
Si una garantía pensada para proteger de manera urgente la libertad termina convertida en motivo de presión sobre quien debe tramitarla, el problema excede lo judicial y ataca directamente una fibra central del Estado de derecho.