La caída de la sesión en el Senado es otro capítulo de la crisis política que rodea a Manuel Adorni y expone la fragilidad de la estrategia oficialista. La Libertad Avanza había convocado la reunión para tratar pliegos y el proyecto de Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, pero terminó retirándose para evitar que la interpelación al jefe de Gabinete se votara sobre tablas.
La escena fue reveladora: Patricia Bullrich ingresó al recinto, vio que el peronismo no estaba presente y decidió que sus propios senadores tampoco marcaran quórum. En apenas media hora, el tablero quedó vacío y el presidente provisional Bartolomé Abdala dio por caída la sesión. El oficialismo prefirió perder la oportunidad de avanzar en su agenda antes que exponerse a una ofensiva contra Adorni.
El resultado fue un Senado paralizado, con acusaciones cruzadas. Unión por la Patria denunció que el gobierno “no quiere dar la cara para salvar a Adorni”. El PRO, a través de Martín Goerling, habló de un pacto entre libertarios y kirchneristas para evitar el debate. La UCR y otros aliados se quejaron de que la agenda legislativa no puede seguir bloqueada por disputas políticas.
La decisión de Bullrich refleja el temor a que, en medio de la discusión, se alcanzaran los dos tercios necesarios para aprobar la interpelación. El antecedente de la expulsión de Edgardo Kueider pesa: lo que empieza como una suspensión puede terminar en un desenlace más drástico. Por eso, el oficialismo eligió ganar tiempo y trasladar la discusión a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el número parece más favorable.
Pero el costo político es evidente. El Senado quedó sin sesión, los proyectos postergados y la imagen de un gobierno que se repliega cada vez que Adorni está en el centro de la tormenta. La oposición aprovecha para remarcar la falta de transparencia y la incapacidad de sostener el debate institucional.
Ahora la interpelación sigue su curso por el camino largo: se discutirá en comisión y podría llegar al recinto recién en julio. Mientras tanto, el oficialismo vuelve a mostrar que su prioridad no es legislar, sino blindar a un funcionario cuestionado por su patrimonio y por su rol en la gestión.
Este tipo de maniobras no solo paralizan al Congreso, también profundizan la percepción de un gobierno que gobierna a la defensiva, más preocupado por proteger a sus cuadros que por responder a las urgencias del país.