El salto patrimonial de Adorni: una trama que desnuda el poder y el dinero La Justicia investiga cómo el ex jefe de Gabinete pasó de gastar 1,8 millones a más de 133 millones en un año. El fiscal Pollicita detectó inconsistencias entre ingresos, bienes y gastos familiares.
La reconstrucción patrimonial de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti revela una expansión económica difícil de justificar. Según el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, el matrimonio pasó de gastos anuales por $1,8 millones en 2023 a más de $113 millones en 2024, y superó los $122 millones en 2025. La investigación judicial sostiene que los ingresos lícitos del ex funcionario no alcanzan para explicar semejante salto.
El fiscal aplicó un criterio clave: los bienes y gastos del matrimonio funcionan como una unidad económica. En ese marco, se detectaron pagos en efectivo por más de $272 millones y USD 402.000, incluidos desembolsos por una Jeep Compass, un lote en el country Indio Cuá, refacciones por USD 245.000, y viajes al exterior abonados en dólares billete.
La fiscalía concluyó que el estilo de vida del grupo familiar “luce desajustado respecto de los ingresos lícitos del ex funcionario”. En otras palabras, el dinero declarado no alcanza para sostener el nivel de gastos.
El punto más sensible es la ruta de los dólares. Adorni declaró inicialmente una tenencia de USD 42.500, pero luego rectificó sus declaraciones hasta alcanzar USD 565.000 en efectivo. Las rectificaciones se realizaron cuando la investigación ya estaba en curso, lo que para el fiscal “no otorga verosimilitud” a la disponibilidad de esas divisas.
La Justicia exige ahora que el ex jefe de Gabinete justifique “de manera concreta y documentada” el origen de los fondos, las operaciones de venta de activos que dice haber realizado y la disponibilidad efectiva de las divisas en las fechas consignadas.
El caso expone una desproporción patrimonial que trasciende lo individual: muestra cómo el acceso al poder puede convertirse en una vía de enriquecimiento acelerado, y cómo los mecanismos de control del Estado —declaraciones juradas, Oficina Anticorrupción, registros bancarios— se revelan insuficientes frente a la opacidad del dinero en efectivo.