La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto encubrimiento, luego de las declaraciones que el mandatario realizó durante una entrevista televisiva en la que habló de un supuesto intento de “golpe de Estado” contra su gobierno y de un presunto ofrecimiento de coimas por parte de un empresario.
La presentación de Pagano profundiza la tensión interna dentro del oficialismo y expone una fractura cada vez más visible entre la legisladora y el núcleo duro de La Libertad Avanza. La diputada decidió llevar a la Justicia las afirmaciones presidenciales, al considerar que no podían quedar limitadas al terreno mediático si efectivamente existían hechos delictivos detrás de las acusaciones.
Todo comenzó durante una entrevista concedida por Milei al canal Neura, donde el Presidente volvió a denunciar maniobras destinadas, según dijo, a desestabilizar a su administración. En ese contexto, vinculó el escenario político posterior al triunfo libertario en la Ciudad de Buenos Aires —asociado políticamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni— con un supuesto intento de desarticular al Gobierno.
Las declaraciones encendieron rápidamente la polémica. Para Pagano, si el Presidente posee información sobre acciones que podrían encuadrarse como delitos contra el orden constitucional, tenía la obligación legal de formalizar la denuncia ante la Justicia y no limitarse a mencionarlas en una entrevista periodística.
En el escrito judicial, la legisladora sostiene que los dichos de Milei podrían involucrar hechos de “extrema gravedad institucional” y cita artículos del Código Penal relacionados con delitos contra el sistema democrático. La denuncia apunta a determinar si existió una omisión deliberada de denunciar hechos que, por su naturaleza, debían ser investigados oficialmente.
La situación se agravó aún más por otra afirmación realizada por Milei durante la misma entrevista. El mandatario aseguró que un empresario habría intentado ofrecerle una coima, aunque evitó brindar precisiones sobre identidades, circunstancias o detalles concretos del episodio.
Ese tramo de la entrevista también quedó incorporado a la denuncia. Según Pagano, el relato presidencial podría encuadrarse en un posible caso de cohecho activo y, nuevamente, remarca que un hecho de esa magnitud no puede quedar reducido a declaraciones públicas sin intervención judicial.
La denuncia abre ahora un nuevo frente político y judicial para el Gobierno, en medio de una creciente tensión interna dentro del oficialismo y de cuestionamientos cada vez más frecuentes sobre el manejo institucional de las denuncias realizadas por el propio Presidente.