La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y rechazó un intento del fondo Burford Capital de revertir una sentencia que había dejado sin efecto una multimillonaria condena contra el país.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este martes no revisar su fallo del 27 de marzo, decisión que había significado un duro revés para los demandantes al considerar que las reclamaciones por daños derivadas de la expropiación de YPF no tienen sustento en el derecho argentino aplicable al caso.
La resolución representa un nuevo triunfo judicial para el Estado argentino en una causa que durante años fue presentada como una amenaza de enorme magnitud para las finanzas públicas. De haberse confirmado el criterio de primera instancia, el país habría enfrentado una obligación cercana a los 16.100 millones de dólares, más intereses acumulados.
El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Congreso aprobó la expropiación de la mayoría accionaria que estaba en manos de la española Repsol. Los administradores de las quiebras de Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park sostuvieron que el Estado incumplió el estatuto societario de la petrolera al no extender una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones entendió que, aun cuando pudiera existir una contradicción con el estatuto de la empresa, la ley de expropiación aprobada por el Congreso argentino posee una jerarquía jurídica superior, por lo que los reclamos de los demandantes carecen de sustento legal bajo la normativa argentina.
Desde la Procuración del Tesoro celebraron la decisión y señalaron que constituye "un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina". El organismo destacó además que el resultado evita una erogación multimillonaria y fortalece la defensa de los intereses nacionales en tribunales internacionales.
No obstante, el caso aún no está completamente cerrado. Burford Capital dispone de 90 días para intentar llevar la controversia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas consideran remotas sus posibilidades de éxito. Las estadísticas indican que el máximo tribunal estadounidense acepta apenas una pequeña porción de los recursos que recibe cada año.
Además, los demandantes podrían intentar reencauzar la disputa a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial especializado en conflictos entre Estados e inversores extranjeros.
La decisión judicial también reabre el debate sobre las consecuencias de la privatización y posterior reestatización de YPF. Mientras el Gobierno nacional presenta el fallo como una victoria definitiva, especialistas recuerdan que la petrolera continúa siendo objeto de múltiples litigios internacionales derivados de decisiones políticas y empresariales adoptadas durante distintas administraciones.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que la resolución permite consolidar los planes de expansión de la compañía y fortalecer su estrategia exportadora. Sin embargo, más allá del alivio judicial, persisten interrogantes sobre los costos económicos y políticos que generó durante más de una década una controversia que expuso las debilidades institucionales y jurídicas que acompañaron uno de los procesos más controvertidos de la historia reciente de la empresa energética.
La causa también deja una enseñanza para el futuro: la necesidad de que las decisiones estratégicas sobre recursos energéticos se desarrollen con marcos legales sólidos y previsibles. La ausencia de reglas claras no solo genera incertidumbre para los inversores, sino que termina trasladando riesgos multimillonarios al Estado y, en última instancia, a toda la sociedad argentina.