La causa contra Lidia Mabel Ojeda, conocida como la “médica trucha”, sumó nuevos capítulos judiciales y volvió a profundizar el escándalo sanitario en Chaco. A las imputaciones por presunto ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título se agregan denuncias vinculadas a tres posibles víctimas fatales, mientras la defensa pidió apartar al fiscal Marcelo Soto de la investigación.
El expediente ya no se limita al caso inicial que expuso el ingreso de una mujer sin título habilitante al sistema público de salud. Ahora se investigan nuevas presentaciones de familias afectadas, una amputación y certificados de defunción que podrían ampliar el alcance de la causa.
Tres muertes bajo investigación
El abogado Daniel Acosta, representante de familias afectadas, confirmó que su estudio interviene en cuatro denuncias: tres vinculadas a víctimas fatales y una relacionada con un joven de 26 años que sufrió la amputación de una pierna tras haber sido atendido por la acusada.
La primera denuncia corresponde al caso de Lorenzo Blanco, un vecino de Quitilipi cuya muerte fue denunciada en diciembre de 2025. Según el abogado, esa presentación recién habría sido remitida el 27 de abril, lo que abrió cuestionamientos sobre la demora inicial del trámite judicial.
Con la difusión pública del caso comenzaron a surgir nuevos testimonios de personas que reconocieron a Ojeda como quien las habría atendido en hospitales chaqueños. La investigación apunta ahora a reconstruir cuántas intervenciones realizó, bajo qué controles ingresó al sistema y qué responsabilidades administrativas pudieron existir.
Más de 1.200 atenciones y certificados de defunción
El fiscal Marcelo Soto informó que se analizan más de 1.200 atenciones médicas atribuidas a Ojeda, solo en el área de guardia. También confirmó que la Fiscalía revisa diez certificados de defunción vinculados a pacientes que habrían tenido contacto con la imputada.
Además, ingresó una denuncia relacionada con un joven de 26 años internado en estado crítico en el Hospital Perrando. Según la información judicial difundida, el paciente habría recibido curaciones mal realizadas en una pierna, lo que habría derivado en una infección severa y luego en la amputación.
La causa también espera informes médicos, historias clínicas y pericias. Ese material será determinante para establecer si hubo mala praxis, ejercicio ilegal de la medicina, responsabilidades penales y eventuales responsabilidades de funcionarios o autoridades hospitalarias que permitieron el ingreso de Ojeda al sistema.
La defensa pidió apartar a Soto
En paralelo, los abogados defensores César López y Felipe Fontanetto solicitaron formalmente el apartamiento del fiscal Marcelo Soto. La defensa sostiene que el expediente debería volver a la Fiscalía N°4, a cargo de Gustavo Valero, donde se radicó la primera denuncia vinculada a la muerte de un vecino de Quitilipi en diciembre de 2025.
El planteo busca discutir la competencia del fiscal que actualmente conduce la investigación. Mientras ese pedido se analiza, Soto continúa al frente de una causa que ya incluye delitos graves, nuevas denuncias y un volumen de documentación médica que puede modificar el cuadro judicial.
La acusación más fuerte formalizada hasta ahora es la de homicidio con dolo eventual, además de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina. De confirmarse las nuevas denuncias, el caso podría tomar una dimensión mucho mayor para la Justicia y para el sistema sanitario provincial.
Un caso que golpea al sistema de salud
¿Cómo una persona sin título habilitante pudo atender pacientes dentro de hospitales públicos, realizar guardias, intervenir sobre personas enfermas y quedar vinculada a certificados de defunción?
La investigación judicial deberá determinar responsabilidades penales. Pero el sistema de salud chaqueño también deberá explicar controles, nombramientos, supervisión y cadenas de mando. En Salud Pública, una firma irregular, una guardia sin control o una derivación mal hecha pueden tener consecuencias irreparables.
Con varias muertes bajo análisis, un joven amputado, más de 1.200 atenciones revisadas y un pedido de apartamiento contra el fiscal, la causa ya se convirtió en una investigación judicial de alto impacto sanitario, político e institucional.