El avance del Gobierno de Javier Milei sobre áreas estratégicas del desarrollo nuclear argentino volvió a encender fuertes cuestionamientos dentro del sector científico y tecnológico nacional.
La decisión de habilitar el acceso de empresas privadas —incluidas firmas extranjeras— a infraestructura, documentación técnica y recursos sensibles de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) profundizó las críticas sobre una posible cesión de soberanía tecnológica a favor de intereses estadounidenses.
La medida, formalizada por la CNEA en el marco de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre cadenas de suministro de minerales críticos, permite que compañías privadas evalúen inversiones, administración y potencial explotación de instalaciones nucleares y recursos estratégicos argentinos. El esquema incluye visitas operativas, relevamientos técnicos y acceso a información vinculada a proyectos desarrollados durante décadas con inversión pública y trabajo científico nacional.
Detrás de la apertura aparece una pregunta cada vez más incómoda: ¿cuál es el verdadero objetivo de la política de Milei respecto del sector nuclear argentino? La discusión ya no se limita solamente a una cuestión económica o administrativa.
Para numerosos especialistas, el eje de fondo es la soberanía tecnológica y el riesgo de convertir décadas de investigación financiadas por el pueblo argentino en conocimiento disponible para corporaciones extranjeras que luego podrían venderle al propio país productos y servicios basados en desarrollos nacidos aquí.
El caso del reactor multipropósito RA-10 es uno de los ejemplos más sensibles. La planta, construida en el Centro Atómico Ezeiza desde 2016, está destinada principalmente a la producción de radioisótopos para medicina nuclear y posee capacidad para generar ingresos millonarios para Argentina una vez puesta en funcionamiento.
A la vez, el proyecto CAREM —el primer reactor modular de potencia diseñado íntegramente en el país— representa uno de los hitos tecnológicos más relevantes de la ingeniería nuclear argentina.
Ambos desarrollos fueron posibles gracias a décadas de inversión estatal, formación de científicos, ingenieros y técnicos nacionales, además de un entramado de universidades, organismos públicos y empresas tecnológicas argentinas.
Por eso, dentro del sector crece la preocupación sobre la posibilidad de que esos conocimientos terminen siendo aprovechados por compañías extranjeras sin que Argentina conserve el control estratégico, industrial y comercial de su propia innovación.
La polémica se profundiza porque Estados Unidos mantiene históricamente una férrea defensa de sus desarrollos tecnológicos, patentes y propiedad intelectual. Incluso en casos donde determinadas patentes expiraron hace años, empresas norteamericanas continúan dominando mercados globales mediante licencias, servicios asociados y control industrial. En contraste, sectores científicos argentinos denuncian que el país suele abandonar o desproteger sus propias capacidades estratégicas, favoreciendo la fuga de cerebros y la dependencia tecnológica.
La inquietud atraviesa al conjunto del sistema científico: ¿se está construyendo un escenario donde Argentina financia el desarrollo, forma a los especialistas y asume los riesgos de investigación para luego ceder el control económico e industrial a capitales externos? La discusión remite a un problema histórico del país: exportar conocimiento bruto mientras importa tecnología elaborada a precios mucho más altos.
Especialistas del sector advierten que la pérdida de control sobre proyectos como el RA-10 o el CAREM no sólo implicaría resignar ingresos futuros, sino también limitar la posibilidad de consolidar una industria nuclear nacional capaz de fabricar, exportar y patentar tecnología propia. En otras palabras, no se trata únicamente de preservar instalaciones, sino de sostener la capacidad argentina de competir en uno de los sectores más sofisticados del mundo.
El ingeniero nuclear Nicolás Malinovsky sostuvo que Estados Unidos “tiene perfectamente definidos sus objetivos respecto de Argentina y el rol que pretende asignarle en su proceso de reindustrialización”, en el marco de la disputa global con China. Según explicó, existe una estrategia destinada a “desarticular capacidades tecnológicas propias y convertir a Argentina sólo en compradora de tecnología desarrollada en el exterior”.
En la misma línea, el físico Diego Hurtado advirtió que la falta de inversión pública empuja a las autoridades a buscar financiamiento privado mediante mecanismos que podrían derivar en la cesión de activos estratégicos. Desde sectores gremiales y técnicos de la CNEA también alertan sobre posibles acuerdos que permitirían compartir información sensible con actores privados extranjeros.
La controversia se intensificó luego de que una delegación integrada por funcionarios estadounidenses recorriera instalaciones nucleares en Constituyentes, Ezeiza y Bariloche. La diputada nacional y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, reclamó precisiones sobre los alcances de esas inspecciones y cuestionó la eventual instalación de sistemas de vigilancia digital bajo control extranjero.
“Argentina no es un actor menor en materia nuclear”, sostuvo Serquis, al remarcar que el país alcanzó un desarrollo estratégico que le otorga soberanía energética y tecnológica. Precisamente allí radica el centro de la discusión: si el país debe profundizar una política de fortalecimiento industrial y científico propio o si, por el contrario, avanzará hacia un modelo donde el conocimiento nacional termine subordinado a intereses externos.
En paralelo, el debate también expone una preocupación más amplia sobre el rumbo del sistema científico argentino. La falta de financiamiento, los recortes presupuestarios y la incertidumbre sobre proyectos estratégicos alimentan la emigración de profesionales altamente capacitados, muchos de ellos formados por universidades públicas y organismos estatales. Un fenómeno que vuelve a instalar una vieja pregunta en la Argentina: quién se beneficia finalmente del conocimiento que producen sus científicos.
Para muchos sectores críticos, el panorama actual refleja un proceso de desmantelamiento tecnológico, científico, educativo e incluso social de la Argentina, orientado a convertir al país en un mero consumidor y no en un generador de conocimiento, desarrollo e innovación. En ese esquema, la única actividad aparentemente preservada sería la primarización de la economía. Sin embargo, incluso allí surgen fuertes cuestionamientos debido a las políticas impulsadas a través del RIGI y la apertura casi irrestricta a la explotación minera extranjera.
Las críticas apuntan a que ese modelo deja ingresos cada vez más reducidos para el país, con escasa generación de empleo, salarios bajos y enormes márgenes de ganancias para las grandes corporaciones internacionales. Para sus detractores, se consolida así una lógica extractiva donde Argentina aporta recursos naturales, infraestructura y capacidades estratégicas, mientras los principales beneficios económicos quedan en manos externas, en una dinámica que algunos comparan con una forma moderna de explotación y entrega de los intereses nacionales.