El Juzgado Federal de Resistencia N°2 dictó el procesamiento de la contadora Mercedes Alicia Strada, acusada de haber montado un esquema de jubilaciones irregulares que expuso la vulnerabilidad del sistema previsional argentino.
La investigación, iniciada en 2025 tras una denuncia de la ANSES, reveló un mecanismo que permitía a personas sin los años de aportes exigidos acceder a beneficios jubilatorios mediante documentación apócrifa. El tribunal estimó el perjuicio al organismo en más de 15 millones de pesos y ordenó un embargo de 25 millones sobre los bienes de la imputada.
Más allá de la imputación penal —defraudación contra la administración pública y uso de documento falso—, el caso pone en evidencia la fragilidad de los controles internos y la facilidad con la que se pueden manipular registros laborales inexistentes. Según el expediente, Strada habría simulado vínculos de dependencia con empleadores que desconocían tener personal a su cargo, generando un circuito de aportes ficticios que burló los sistemas de verificación.
El fallo, que resolvió el procesamiento sin prisión preventiva, deja planteado un dilema: cómo garantizar que el sistema previsional, diseñado para proteger a quienes trabajaron toda su vida, no se convierta en terreno fértil para maniobras fraudulentas. La resolución judicial marca un precedente, pero también abre un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y auditoría en la ANSES y en los organismos recaudadores.
El caso Strada no solo es un expediente judicial: es un recordatorio de que el fraude previsional afecta directamente la confianza ciudadana en el Estado y erosiona los recursos destinados a quienes realmente cumplen con los requisitos de la ley.