El exministro de Educación del Chaco Sergio Soto apuntó contra el vínculo entre el Gobierno chaqueño e Intelexia y sostuvo que detrás de Aprendo Leyendo hay una discusión que excede lo pedagógico. Pidió saber quién decide, quién cobra y quién controla la implementación del programa.
El exministro de Educación Sergio Soto puso bajo la lupa la implementación del programa de alfabetización, el vínculo con una sociedad privada y el enfoque pedagógico aplicado en las aulas. También pidió conocer el contrato, los montos comprometidos, quiénes capacitan a los docentes y qué ganancia obtiene la empresa.
El programa Aprendo Leyendo, impulsado por el Ministerio de Educación del Chaco junto a Intelexia, quedó en el centro de un fuerte cuestionamiento público. En diálogo con el periodista Roberto Espinoza, el exministro de Educación Sergio Soto planteó que la discusión no debe limitarse al método de alfabetización, sino también al tipo de acuerdo firmado por el Estado provincial con una entidad privada para intervenir en las aulas chaqueñas.
“Más que hablar de educación tenemos que hablar de un negocio”, sostuvo Soto al referirse al convenio entre el Ministerio de Educación y la firma vinculada al programa. El exfuncionario pidió que se conozca el contrato, cuánto dinero público compromete, quiénes son los capacitadores, qué docentes participan y cuál es la ganancia de la empresa.
El planteo aparece en medio de la implementación de Aprendo Leyendo 2026, una de las acciones que el Gobierno provincial presenta dentro del Compromiso Federal por la Alfabetización. Según la información oficial, el programa está destinado a docentes de primero, segundo y tercer grado del nivel primario, con instancias presenciales y virtuales de formación.
Quiénes figuran detrás de Intelexia
Uno de los puntos más fuertes de la crítica de Soto apunta a la estructura de Intelexia. Según el aviso publicado en el Boletín Oficial de la Nación, INTELEXIA S.A. fue constituida en 2018 y sus socias fundadoras son Magdalena Zavalía de Miguens y Clara Zavalía Lagos.
La publicación oficial consigna que una de ellas figura con residencia en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, mientras que la otra aparece con domicilio en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Para Soto, ese dato abre una pregunta política sobre por qué una política pública educativa provincial queda vinculada a una sociedad privada creada fuera del territorio chaqueño y conducida por personas ajenas al sistema educativo local.
El Boletín Oficial también muestra un objeto social muy amplio. Allí se menciona la posibilidad de desarrollar actividades educativas, editoriales, tecnológicas, financieras, inmobiliarias, agropecuarias, energéticas, de salud y transporte, entre muchas otras. Soto leyó ese punto como parte de una matriz de negocios y no como el perfil de una organización exclusivamente pedagógica.
En la entrevista, el exministro remarcó que la empresa fue creada durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que ese origen también permite discutir la mirada ideológica que sostiene el programa. Según planteó, el problema no es solamente quién vende un material o una capacitación, sino qué concepción de escuela se instala cuando una política pública queda tercerizada.
El debate por el método
La crítica de Soto también apunta al enfoque pedagógico. El exministro cuestionó la idea de medir avances escolares a partir de indicadores como la cantidad de palabras leídas por minuto y advirtió que ese tipo de mirada reduce la lectura a una destreza mecánica.
Soto contó que tomó dimensión del tema cuando una de sus nietas le comentó que había superado una determinada cantidad de palabras leídas por minuto. También recordó que el propio gobernador Leandro Zdero destacó públicamente ese criterio como un avance del programa.
Para el exministro, ese tipo de evaluación refleja una concepción tecnocrática de la educación. Sostuvo que la llamada eficiencia cognitiva termina reduciendo el rol del maestro a la ejecución de tareas diseñadas por otros y convierte al niño, a la familia y a la comunidad educativa en destinatarios pasivos de un esquema armado fuera de la escuela.
Desde esa mirada, Soto defendió una pedagogía crítica y constructivista, basada en el conocimiento acumulado por los docentes y las comunidades. “Nuestros docentes y nuestras comunidades tienen el conocimiento suficiente acumulado para poder revertir los efectos negativos de estas políticas”, señaló en la entrevista.
La versión oficial del programa
El Gobierno provincial presenta Aprendo Leyendo como una herramienta para fortalecer la alfabetización inicial. El Ministerio de Educación informó que el programa propone una enseñanza explícita, sistemática y estructurada de la lectura y la escritura, con materiales para estudiantes y guías para docentes.
La cartera educativa también indicó que la propuesta busca desarrollar conciencia fonológica, conocimiento de las letras, fluidez lectora y comprensión de textos. En abril de 2026, el Ministerio informó que la capacitación alcanzaba a alrededor de 7.000 educadores de unas 1.000 instituciones de toda la provincia.
Intelexia, por su parte, presenta Aprendo Leyendo como un programa áulico para que los niños adquieran precisión, automaticidad y fluidez, con el objetivo de alcanzar una mejor comprensión lectora. La propia página institucional de la organización sostiene que el método se apoya en evidencia científica y en una enseñanza explícita, sistemática y multisensorial.
Soto no niega la importancia de la alfabetización. Su cuestionamiento apunta a otra cosa. Quién define el método, quién cobra por aplicarlo, qué margen de decisión conservan los docentes chaqueños y qué controles públicos existen sobre una política que ingresa directamente al aula.
El contrato bajo la lupa
En la entrevista con Roberto Espinoza, Soto también mencionó una cifra de 1.300 millones de pesos para el ciclo lectivo 2026. Ese monto fue planteado por el exministro como parte de la discusión sobre el costo del programa.
El reclamo central es que el Ministerio de Educación haga público el alcance del acuerdo. Soto pidió conocer en qué consiste el contrato, qué características tiene, quiénes fueron convocados para capacitar, qué docentes intervienen y qué tasa de ganancia obtiene la empresa.
El planteo se vuelve más fuerte en un contexto de reclamos salariales, escuelas con problemas de infraestructura y dificultades cotidianas en el sistema educativo. Para Soto, hay una contradicción entre la falta de recursos para demandas básicas y la disponibilidad de fondos para contratar programas externos.
Una discusión sobre la escuela pública
La polémica por Aprendo Leyendo expone una discusión más amplia sobre el rumbo de la educación chaqueña. De un lado, el Gobierno defiende la incorporación de programas estructurados, materiales específicos y capacitaciones masivas para mejorar la lectura y la escritura en los primeros años de la primaria. Del otro, aparecen críticas que advierten sobre la privatización indirecta de decisiones pedagógicas y el desplazamiento del saber docente.
Soto planteó que la lectura no puede quedar reducida a una métrica ni a una carrera de palabras por minuto. Para el exministro, leer es una práctica cultural, social y política, no solo una habilidad medible en una planilla.
En la necesaria tarea de alfabetizar, el Chaco necesita saber quién diseña esa política, con qué presupuesto, bajo qué contrato, con qué participación docente y con qué controles. En una provincia con institutos superiores, universidades y miles de maestros formados, el debate no puede cerrarse sin las explicaciones del caso. Y esas explicaciones incluyen algo básico. Quién decide, quién cobra y quién controla.
Entrevista completa
Fuente: Roberto Espinoza, Radio Independencia.