La situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, sumó un nuevo capítulo luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitara su citación a indagatoria por presunto ocultamiento de bienes en el exterior.
El planteo fue realizado por el fiscal Sergio Rodríguez y deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La acusación apunta a una supuesta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales, delito que contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De acuerdo al dictamen, Vázquez habría omitido declarar su vinculación con sociedades que poseen tres propiedades en Estados Unidos, valuadas en más de 2,1 millones de dólares, las cuales —según la investigación— son utilizadas por él y su familia.
El caso se inscribe en una investigación más amplia que también involucra al jefe de Gabinete por cuestiones patrimoniales, en un contexto de creciente escrutinio sobre los funcionarios nacionales. En paralelo, el fiscal Rodríguez solicitó ampliar la pesquisa para determinar si existieron delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en coordinación con el fiscal federal Guillermo Marijuán.
Las propiedades bajo sospecha incluyen dos unidades en el complejo Icon Brickell, en Miami, adquiridas en 2013 por 710.000 y 400.000 dólares respectivamente, y una tercera en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en 2015 por 980.000 dólares. Según la investigación, estas operaciones se realizaron a través de sociedades radicadas en Panamá que posteriormente fueron transferidas a una firma con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final.
La causa tuvo origen en una denuncia presentada por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade. Inicialmente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas junto al fiscal Carlos Rívolo, aunque luego pasó a manos de Martínez de Giorgi y Marijuán.
Según el análisis de la Procuraduría, existe una inconsistencia significativa entre los ingresos declarados por el funcionario y las adquisiciones realizadas. Mientras que Vázquez informó activos líquidos por alrededor de 40.000 dólares en 2012 y 44.000 en 2013, habría concretado operaciones inmobiliarias por más de un millón de dólares en ese mismo período y casi otro millón en 2015.
Además, la investigación detectó pagos de impuestos en Miami por más de 136.000 dólares entre 2014 y 2018, así como registros de reintegros fiscales a nombre del propio funcionario y su entorno familiar. También se consignó que sus hijas residen en Estados Unidos desde 2022.
Como parte de las medidas solicitadas, la Procuraduría pidió librar exhortos internacionales a entidades bancarias como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo, donde el funcionario y su familia tendrían cuentas, y reiterar pedidos de información a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas. También se requirió a la Embajada de Estados Unidos datos sobre los movimientos migratorios del grupo familiar desde 2012.
La definición ahora queda en manos del juez, que deberá evaluar si hace lugar a la citación a indagatoria en una causa que podría escalar en gravedad judicial y política en las próximas semanas.