La aparición de una falsa médica en hospitales públicos del Chaco dejó al descubierto una falla grave en los controles del sistema sanitario provincial. Lidia Mabel Ojeda, docente de plástica de 43 años, es buscada por la Justicia acusada de haber ejercido ilegalmente la medicina utilizando una matrícula ajena en centros de salud de Quitilipi y Presidencia de la Plaza.
El caso golpea de lleno a la gestión de Leandro Zdero, que llegó al gobierno con la promesa de ordenar el Estado y mejorar servicios básicos. En salud, sin embargo, el episodio muestra un cuadro mucho más preocupante: guardias cubiertas sin verificación suficiente, controles tardíos, documentación que habría sido aceptada sin los resguardos mínimos y pacientes atendidos por una persona que, de acuerdo con la investigación, carecía de título habilitante.
Una falsa médica en hospitales públicos
La causa investiga a Ojeda por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Según los datos conocidos hasta ahora, habría utilizado la matrícula profesional MP 6822, perteneciente al médico Horacio Daniel Vázquez, para desempeñarse en guardias hospitalarias.
La situación fue detectada luego de que personal de salud advirtiera falencias en su desempeño. El director de la Región Sanitaria II, Orlando Di Núbila, señaló que la mujer fue contratada para una guardia activa y que rápidamente el resto del personal notó falta de capacitación. También se informó que figuraba en cronogramas de guardia desde agosto pasado y hasta abril, cuando dejó de presentarse.
Uno de los puntos más graves de la investigación es que la mujer habría firmado al menos nueve certificados de defunción. También se analizan recetas, diagnósticos, derivaciones y registros vinculados con pacientes atendidos durante el período en que se desempeñó como médica.
El director admitió que no pidió la documentación
El director del Hospital “Dr. Emilio Rodríguez” de Quitilipi, Alfredo Acuña, reconoció fallas en el proceso de incorporación. En declaraciones periodísticas, sostuvo que la mujer fue sumada “por buena fe” y admitió: “Mi responsabilidad hubiera sido pedirle las documentaciones pertinentes”.
La frase concentra el problema. En un hospital público, la “buena fe” puede servir para una relación personal, pero resulta inaceptable como mecanismo de contratación o autorización para atender pacientes. La salud pública requiere controles previos, validación de títulos, chequeo de matrículas y trazabilidad administrativa. Todo eso falló, o llegó tarde.
El Ministerio de Salud provincial informó que realizó la denuncia y que activó una investigación administrativa interna. También aclaró que la mujer no pertenecía al plantel formal del Ministerio. Esa explicación abre otra pregunta todavía más grave: cómo una persona sin vínculo formal pudo acceder a guardias, atender pacientes, figurar en cronogramas y utilizar sellos o documentación dentro del sistema sanitario.
Una gestión que prometió orden y muestra deterioro
El caso de la falsa médica se suma a un clima de creciente deterioro del sistema sanitario chaqueño, con denuncias por falta de respuestas, problemas de atención, reclamos por prestaciones y una sensación cada vez más extendida de abandono en hospitales del interior.
La gestión Zdero comenzó con un discurso de cambio, orden y eficiencia. En salud, los hechos muestran otra cosa: controles débiles, responsabilidades diluidas y condiciones que dejan expuestos tanto a pacientes como a trabajadores. La promesa de mejorar el sistema queda vacía cuando una docente de plástica logra ocupar el lugar de una médica en hospitales públicos.
La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales de Ojeda y el alcance de los hechos investigados. Pero la responsabilidad política y administrativa ya tiene una pregunta central: quién permitió que esto ocurriera, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismos internos.
El Gobierno provincial intenta presentar el caso como una irregularidad detectada y denunciada por el propio Ministerio. El problema es que la detección llegó después de que la mujer ya había atendido pacientes, integrado guardias y firmado documentación sensible. En salud pública, controlar tarde también es fallar.
La crisis deja una advertencia para el sistema chaqueño: cuando el Estado pierde capacidad de control, el costo lo pagan los pacientes, las familias y los trabajadores que sostienen hospitales cada vez más exigidos. En Quitilipi, esa falla ya quedó bajo sospecha por la muerte de una persona y abre una pregunta todavía más grave: qué ocurrió en cada uno de los certificados de defunción firmados por una mujer que, según la investigación, no estaba habilitada para ejercer la medicina.