La Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó con una recusación contra los jueces que dejaron sin efecto la medida cautelar que frenaba la reforma laboral y lanzó duras acusaciones por presunta falta de ética en el fallo. La central obrera también dejó planteada la posibilidad de acudir a la Corte Suprema.
La presentación apunta contra los camaristas de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, con especial foco en Víctor Pesino, a quien le atribuyen un posible conflicto de intereses. Según el escrito, existe una “coincidencia temporal” entre su voto favorable al Gobierno y el posterior impulso del Poder Ejecutivo para extender su permanencia en el cargo, pese a haber alcanzado la edad jubilatoria.
El recurso fue firmado por el abogado laboralista Pablo Topet, integrante del equipo legal de la CGT, y cuestiona tanto la conducta del magistrado como la del propio Estado nacional. Allí se sostiene que la situación refleja un esquema de “beneficios mutuos” que compromete la imparcialidad judicial y erosiona la división de poderes.
En ese marco, la central calificó el fallo como carente de sustento ético y advirtió que la continuidad del juez en el expediente, en esas condiciones, constituye una causal objetiva de apartamiento. También cuestionó que el Ejecutivo impulse su permanencia en funciones en simultáneo con decisiones judiciales favorables a su agenda.
La disputa se origina en la decisión de la Sala VIII de invalidar la cautelar dictada en primera instancia por el juez Raúl Ojeda, quien había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral. Con esa resolución, la normativa recuperó plena vigencia.
Para la CGT, el fallo desconoce el sentido mismo de las medidas cautelares, que —según argumenta— están destinadas a proteger a sectores vulnerables y derechos esenciales como el trabajo, la salud y el sustento económico. En ese punto, cuestionaron que los camaristas hayan minimizado el impacto de la reforma sobre los trabajadores.
Además, la central sindical objetó que se haya ponderado la cantidad de artículos suspendidos por sobre su contenido, y señaló irregularidades procesales, como la intervención de la Sala VIII en un expediente que, según indicaron, tendría antecedentes en otra sala del mismo fuero.
De manera subsidiaria, la CGT solicitó que se restituya la cautelar original y advirtió sobre los efectos inmediatos de la reforma. Entre ellos, enumeró la reducción de indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga, restricciones a la representación sindical y cambios en la negociación colectiva.
Según el planteo, la normativa introduce un esquema regresivo en materia de derechos laborales, afectando garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país. En ese sentido, alertaron que su aplicación genera “daños tangibles” tanto para los trabajadores como para las organizaciones sindicales.
El conflicto judicial por la reforma laboral suma así un nuevo capítulo, con un fuerte cruce entre el movimiento sindical, la Justicia y el Gobierno, y con la posibilidad de que la disputa escale hasta el máximo tribunal.