El Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazó el intento del Ministerio de Educación provincial de desconocer la participación de la comunidad indígena en la designación de docentes de un bachillerato intercultural en Fontana. La sentencia, unánime, ratificó que la ley vigente obliga al Ejecutivo a consultar al Consejo Comunitario antes de resolver.
La ministra Sofía Naidenoff había buscado revertir el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que en 2025 declaró ilegítimas sus resoluciones por excluir al Consejo Comunitario “Cacique Esteban Moreno”. El máximo tribunal fue categórico: el recurso oficial omitió responder al núcleo del problema y repitió argumentos ya rechazados. La provincia deberá hacerse cargo de las costas del proceso.
Una omisión sistemática
El conflicto se arrastra desde 2024, cuando el Ministerio dictaba resoluciones sobre el bachillerato sin intervención de la comunidad, pese a que la ley 2232-W reconoce al Consejo el derecho a elegir directivos y proponer la mitad del cuerpo docente. La Justicia calificó esa conducta como una omisión sistemática frente a los reclamos indígenas.
Derechos que no admiten excusas
El Superior Tribunal recordó que la normativa nacional e internacional —desde la Constitución hasta el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana— obliga al Estado a garantizar la consulta previa y la participación efectiva de los pueblos indígenas en decisiones que los afectan. Para los jueces, exigir ese cumplimiento no invade las facultades de la ministra: simplemente restablece una legalidad que la administración provincial decidió ignorar.
El fallo deja en evidencia que la resistencia del Ministerio no responde a dudas jurídicas sino a una política deliberada de exclusión. La Justicia chaqueña, en distintas instancias, viene marcando el mismo límite: la educación indígena no es un favor ni una concesión, es un derecho.
El revés judicial no solo golpea a Naidenoff, también expone la persistencia de un modelo estatal que pretende gobernar sin escuchar. En Fontana, la comunidad indígena logró que la ley se cumpla. El desafío es que ese principio se extienda a todo el sistema educativo.