El último informe del INDEC confirmó que la desocupación subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a 1,8 millones de personas sin trabajo. Pero detrás de ese número se esconde un fenómeno más profundo: la conversión de empleos en blanco hacia la informalidad y el monotributo encubierto, que erosiona derechos laborales y desfinancia el sistema jubilatorio.
La precarización laboral se expresa en tres planos. El primero es el avance del empleo en negro, que ya supera el 45% de los ocupados y significa ausencia de aportes, cobertura médica y estabilidad. El segundo es el uso del monotributo como “blanqueo ficticio” de relaciones laborales precarias, donde el trabajador figura como independiente pero en realidad está sometido a condiciones de informalidad. El tercero es la proliferación de changas y trabajos intermitentes, que el INDEC contabiliza como ocupación aunque no alcanzan a cubrir la canasta básica.
El impacto sobre el sistema jubilatorio es directo: los trabajadores informales no aportan, los monotributistas lo hacen en niveles bajos y discontinuos, y los ingresos previsionales se debilitan. La consecuencia es una desfinanciación creciente que compromete el pago futuro de jubilaciones y pensiones.
La medición oficial, al incluir como ocupados a quienes realizan changas o figuran como monotributistas sin estabilidad, genera una distorsión estadística. La tasa de empleo parece estable, pero la calidad del trabajo se derrumba. En la práctica, millones de personas figuran como ocupadas aunque no logren sostener una canasta básica ni tengan derechos laborales.
El desempleo en alza es solo la punta del iceberg. La verdadera crisis es la precarización estructural: un mercado laboral que se fragmenta, un sistema jubilatorio que se vacía y una sociedad que se sostiene con trabajos mal pagos, intermitentes y sin protección. El Estado celebra estadísticas de ocupación mientras la realidad muestra trabajadores sin derechos y jubilaciones cada vez más inciertas.
La conclusión obvia es que el contrato social del trabajo se resquebraja. El empleo ya no garantiza dignidad ni futuro, y el sistema previsional se vacía al mismo ritmo que crece la informalidad. La pregunta que queda flotando es si el país puede sostener un modelo donde trabajar no asegura ni presente ni retiro.