El Municipio de Río Grande acudió a la Justicia Federal para intervenir en la causa que busca detener el avance del proyecto hidrocarburífero “León Marino”, previsto en aguas del Atlántico Sur frente a las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por el apoderado municipal Sebastián Tesei y anunciada por el intendente Martín Pérez, quien planteó que la defensa de los recursos naturales forma parte de las responsabilidades institucionales de la ciudad.
Además, el municipio sostiene que su condición de localidad ribereña le asigna obligaciones específicas vinculadas con la protección de la cuenca, los ecosistemas asociados y los bienes ambientales que integran el espacio marítimo circundante.
Una disputa que combina ambiente y soberanía
La incorporación de Río Grande se produjo después de que la jueza federal Mariel Borruto determinara que la Justicia Federal de esa ciudad resulta competente para analizar la demanda presentada contra el proyecto petrolero.
En ese sentido, la magistrada consideró que existe competencia federal tanto por la materia como por el territorio y reconoció la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las empresas demandadas, pese a que poseen domicilio en el extranjero.
A su vez, la resolución entendió que el conflicto no se limita a la explotación de hidrocarburos. La cuestión ambiental aparece vinculada con la defensa de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, por lo que el expediente involucra intereses de alcance federal.
El riesgo ambiental en el Atlántico Sur
Desde una perspectiva ecológica, uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la posibilidad de intervenir un ambiente marino de gran extensión y con ecosistemas interconectados.
Las aguas involucradas forman parte de un sistema que comprende las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Por lo tanto, una alteración ambiental podría superar los límites de una jurisdicción específica y repercutir sobre especies, hábitats y recursos compartidos.
Asimismo, las actividades de exploración y explotación petrolera implican intervenciones sobre el fondo y la columna de agua, además del riesgo asociado a eventuales derrames y otras alteraciones. Por esa razón, la evaluación ambiental resulta clave antes de autorizar obras de esta magnitud.
Qué petroleras están vinculadas al proyecto en Malvinas
La demanda judicial fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contraRockhopper Exploration yNavitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP).
Ambas compañías aparecen vinculadas con el desarrollo del proyecto denominado “León Marino”, cuya ejecución es cuestionada en el expediente por no haber atravesado, según los demandantes, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental exigido por la normativa argentina.
En consecuencia, la acción pretende impedir el inicio o la continuidad de obras, perforaciones, instalaciones y otras intervenciones hasta que se cumplan las exigencias ambientales correspondientes y se determine la aptitud ambiental del emprendimiento.
La causa busca frenar nuevas intervenciones
La demanda plantea así la necesidad de que cualquier avance sobre el área sea precedido por una evaluación integral de sus posibles consecuencias ecológicas.
Por otra parte, Borruto consideró que el reclamo posee características de acción colectiva, debido a que busca proteger un bien ambiental que no pertenece individualmente a una persona o jurisdicción.
Sin embargo, la jueza todavía debe resolver la admisibilidad formal del proceso colectivo. Para ello, ordenó consultar el Registro Público de Procesos Colectivos e intimó a los demandantes a informar, dentro de cinco días y bajo declaración jurada, si existen otras acciones similares.
Con la intervención de Río Grande, el expediente incorpora a un municipio fueguino y refuerza una discusión que excede la explotación petrolera: también abarca la protección de los ecosistemas marinos, los recursos naturales, la jurisdicción y la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.
Fuente: Noticias Ambientales.