Carlos Martín Amad es el fiscal federal que pidió procesar a Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales durante la anterior gestión provincial.
Tras la denuncia de Capitanich sobre una persecución política y judicial, Amad afirmó que “no persigue a nadie” y que investiga hechos criminales. La Fiscalía vinculó al exgobernador principalmente con la firma de decretos que ratificaron adjudicaciones de grandes extensiones de tierras.
Esa firma, sin embargo, no constituye por sí misma una conducta condenatoria. Capitanich sostiene que su intervención correspondió al último paso formal de procedimientos administrativos tramitados por el Instituto de Colonización y regulados por la legislación provincial. Según su defensa, los decretos ratificaban adjudicaciones de más de 300 hectáreas, pero no convalidaron hechos ilícitos ni transfirieron automáticamente el dominio de los terrenos.
El exgobernador también cuestionó que la Justicia Federal investigue actos administrativos realizados por autoridades provinciales y sostuvo que se forzó una interpretación penal para mantener la causa en ese fuero. Tras su procesamiento, denunció una judicialización de la política y el uso de la Justicia como herramienta de persecución. Esa posición forma parte de la defensa y deberá ser resuelta en la apelación.
Hijo de una exdiputada radical
Amad es hijo de Elena Gamarra, exdiputada provincial de la Unión Cívica Radical entre 2001 y 2005, durante los gobiernos encabezados por Ángel Rozas y Roy Nikisch.
El vínculo familiar adquiere relevancia política porque el fiscal impulsa una causa contra el principal referente del peronismo chaqueño.
El parentesco no demuestra por sí solo que Amad actúe bajo instrucciones de la UCR o del Gobierno de Leandro Zdero. Sí constituye un dato público que permite comprender el contexto de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en 2024 por las actuales autoridades provinciales del área de tierras.
Toda una carrera dentro de la Justicia
Amad nació en General Pinedo y se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Nordeste en 2004, cuando ya llevaba unos 15 años trabajando en dependencias judiciales.
Ingresó en 1989 como auxiliar de la Secretaría Electoral Nacional del Chaco. Luego pasó al Juzgado Federal de Resistencia y, desde 1997, continuó dentro del Ministerio Público Fiscal.
Su currículum oficial no registra ejercicio privado de la abogacía, trabajo en estudios jurídicos, empresas u organizaciones no gubernamentales. Toda su experiencia profesional declarada se desarrolló dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público. También dejó vacíos los apartados correspondientes a otros cargos públicos y actividades profesionales externas.
Durante más de dos décadas avanzó mediante designaciones internas, interinatos, subrogancias y funciones ad hoc. Fue oficial mayor, prosecretario, secretario de Fiscalía y fiscal general subrogante.
Antes de obtener un cargo permanente, se presentó al Concurso Nº 68, realizado en 2009, y luego al Concurso Nº 90, cuya inscripción cerró en marzo de 2012. En este último quedó tercero en la terna específica para la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Posadas y fue designado posteriormente en ese cargo.
En materia académica, cuando concursó declaró que cursaba una Especialización en Derecho Penal en la Universidad de la Cuenca del Plata. No registró entonces una especialización terminada, ni publicaciones jurídicas o cargos docentes universitarios permanentes.
Sus intervenciones más conocidas
Amad participó en causas federales de relevancia, entre ellas los procesos por delitos de lesa humanidad conocidos como Masacre de Margarita Belén y causa Caballero. También intervino en expedientes tramitados ante tribunales federales de Chaco y Corrientes.
Su nombre resuena ahora por la acusación contra Capitanich. La Fiscalía sostiene que los decretos firmados por el entonces gobernador completaron una presunta maniobra irregular. La defensa responde que se está criminalizando un acto de gobierno y cuestiona que la Justicia Federal haya construido competencia sobre decisiones administrativas provinciales.
La causa todavía no tiene sentencia firme. El procesamiento será apelado y deberá resolverse si esa firma fue utilizada para incorporar al exgobernador a una investigación que, según denuncia, forma parte de una persecución política.