El programa TLN Denuncia cuestionó el gasto publicitario del Gobierno del Chaco y reveló que Julio Wajcman y Gladys Alicia Sánchez recibieron en conjunto más de $960 millones.
Un informe emitido por El Nueve de Buenos Aires puso bajo la lupa el gasto en publicidad oficial del Gobierno de Leandro Zdero. Según registros elaborados a partir de información de la Tesorería General del Chaco, la provincia destinó $35.275 millones a pauta entre 2024 y el 15 de junio de 2026, una cifra cercana a los $36 mil millones mencionados en el programa.
Dentro de esa distribución, JIW SAS, firma vinculada al periodista Julio Wajcman, recibió $510.059.607,71, mientras que Gladys Alicia Sánchez acumuló otros $450.520.613,40. Entre ambos alcanzaron $960.580.221,11.
Durante TLN Denuncia, el conductor Tomás Méndez cuestionó la magnitud de esos pagos frente al alcance de los medios beneficiados y vinculó la asignación de pauta con una cobertura favorable al gobernador.
El crecimiento del gasto publicitario
Los registros consignan pagos por $8.261 millones durante 2024, $16.460 millones en 2025 y $10.553 millones hasta mediados de junio de 2026.
La mayor parte del dinero fue canalizada mediante el Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales, que concentró más de $28 mil millones durante ese período.
El listado incluye canales, radios, portales, productoras, periodistas y empresas dedicadas a la comunicación y a campañas digitales.
Denuncias por operadores y tendencias en redes
El informe televisivo también sostuvo que el Gobierno chaqueño destinó fondos a periodistas de Buenos Aires, productores de contenidos y operadores digitales encargados de instalar tendencias en redes sociales.
Méndez habló de pagos de hasta $250 millones para posicionar contenidos y de otros desembolsos millonarios destinados a comunicadores y cuentas digitales.
Uno de los panelistas planteó que el manejo de los fondos podría ser investigado por una posible administración fraudulenta, desvío de recursos o lavado de activos.
La difusión nacional del caso vuelve a poner en discusión los criterios utilizados por el Gobierno provincial para repartir la pauta, el alcance real de los medios contratados y los controles sobre el destino de los fondos públicos.