La jueza federal Zunilda Niremperger procesó a 14 acusados por su presunta participación en una estructura organizada del terrorismo de Estado durante la última dictadura. La resolución alcanza a Roberto Mazzoni, Pablo Casco, ocho exoficiales del Ejército y cuatro expolicías chaqueños.
La Justicia Federal de Resistencia dictó el procesamiento de 14 acusados por el delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco durante la última dictadura cívico-militar.
La resolución fue firmada el 12 de junio por la jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, y alcanza a un exfiscal federal, un exjefe de Guardia de la Cárcel Federal U7, ocho exoficiales del Ejército Argentino y cuatro integrantes de la Policía del Chaco.
El fallo considera que los imputados habrían formado parte de una organización criminal estatal, jerarquizada y con división funcional de tareas, orientada a la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado.
Quiénes fueron procesados
El procesamiento alcanza al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni y al exjefe de Guardia de la Unidad Penitenciaria Federal N° 7, César Pablo Casco.
También fueron procesados los militares retirados Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme, José Tadeo Luis Bettolli, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol.
La resolución incluye además a cuatro exintegrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Se trata de José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Ángel Jorge Ibarra y José Marín.
Todos fueron procesados como coautores del delito de asociación ilícita previsto en el artículo 210 del Código Penal, en el entendimiento de que cada uno habría realizado un aporte funcional a una estructura estable, organizada y destinada a cometer delitos de lesa humanidad.
Una estructura estatal, no hechos aislados
La resolución, de 166 páginas, analiza los hechos dentro del contexto del terrorismo de Estado instaurado desde el golpe del 24 de marzo de 1976, pero también dentro de un proceso previo de militarización de la seguridad interior iniciado en 1975.
Según el fallo, el aparato estatal desplegó un sistema represivo dirigido contra personas identificadas como opositoras políticas, sindicales, estudiantiles o sociales. Ese dispositivo incluyó detenciones ilegales, cautiverios clandestinos, tormentos, traslados no registrados y desapariciones.
En el Chaco, la investigación ubica el funcionamiento de ese esquema dentro del Área Militar 233, con conducción militar y participación de fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia. La U7 de Resistencia y distintas dependencias estatales aparecen en ese entramado como lugares vinculados a la detención, alojamiento, traslado e interrogatorio de personas perseguidas por motivos políticos o ideológicos.
Para la jueza, la responsabilidad de los imputados debe analizarse por su integración a un aparato organizado de poder, con coordinación de múltiples actores y distribución de roles. Esa mirada permite leer los crímenes no como acciones individuales desconectadas, sino como parte de una maquinaria estatal orientada a la represión ilegal.
El recorrido de la causa
La causa tuvo resoluciones de falta de mérito en años anteriores y atravesó distintas instancias de apelación ante la Cámara Federal de Resistencia y la Cámara Federal de Casación Penal.
El impulso más reciente llegó con ampliaciones del requerimiento fiscal presentadas entre 2024 y 2025. Allí se reforzó la hipótesis de una organización criminal de carácter estatal, con permanencia en el tiempo, jerarquías y reparto de tareas.
La investigación se nutre de hechos ya juzgados en causas conexas por delitos de lesa humanidad en el Chaco, entre ellas Caballero I, II, III y IV, Conscriptos y Margarita Belén. Esas sentencias previas sirvieron como base probatoria para avanzar sobre la figura de asociación ilícita.
El rol del exfiscal Mazzoni
Uno de los puntos más relevantes del procesamiento es la inclusión del exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni. Se desempeñó como secretario del Juzgado Federal de Resistencia entre 1974 y 1976, luego como procurador fiscal entre 1976 y 1992 y más tarde como fiscal general hasta 2007.
La hipótesis fiscal sostiene que Mazzoni habría contribuido funcionalmente al encubrimiento del accionar represivo ilegal, al omitir controles institucionales que su cargo le imponía. Según la resolución, el análisis de su actuación debe hacerse en el marco del funcionamiento general del aparato represivo y no como una conducta aislada.
Mazzoni negó haber integrado una asociación ilícita y sostuvo que sus actos se ajustaron a la legislación vigente y a las instrucciones de sus superiores. Sin embargo, el fallo valoró testimonios y documentación que permitieron avanzar hacia el procesamiento.
Prisión preventiva y embargos
La jueza dictó el procesamiento con prisión preventiva y ordenó embargos por hasta 90 millones de pesos para cada imputado. Once de los procesados continuarán con prisión domiciliaria por razones de edad y salud.
Otros tres seguirán alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Según la resolución, José Marín y Ángel Jorge Ibarra permanecen en la Unidad N° 7 de Resistencia, mientras que Jorge Carnero Sabol se encuentra en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo.
El fallo también declaró extinguida la acción penal respecto de imputados fallecidos durante el proceso y dispuso sobreseimientos definitivos en esos casos.
Un avance en las causas chaqueñas
El procesamiento marca un nuevo avance en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura en el Chaco. La decisión judicial no se limita a repasar hechos ya probados en otros juicios, sino que apunta a reconstruir el funcionamiento de una asociación ilícita estatal que articuló fuerzas armadas, policiales, penitenciarias y estructuras judiciales.
A casi cinco décadas del golpe de Estado, la causa vuelve a poner en primer plano una verdad que los juicios de lesa humanidad vienen demostrando en todo el país. El terrorismo de Estado no fue una suma de abusos individuales, sino una política organizada desde el propio Estado. En Chaco, la Justicia Federal vuelve ahora sobre esa trama para determinar responsabilidades dentro de una estructura que persiguió, secuestró, torturó y desapareció personas bajo una distribución de roles.