El Gobierno busca aprobar este jueves la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El bloque justicialista anticipó su rechazo por el impacto social, ambiental y económico de la iniciativa.
El Senado debate este jueves el proyecto impulsado por Javier Milei que modifica las reglas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
El oficialismo debió retirar el capítulo que habilitaba una mayor extranjerización de tierras rurales ante el rechazo político y social. Sin embargo, el resto de la iniciativa conserva cambios de gran alcance.
Desalojos más rápidos
El proyecto modifica el Código Civil y Comercial y las normas procesales para facilitar la restitución anticipada de inmuebles. Habilita procedimientos rápidos, allanamientos, apertura de cerraduras y uso de la fuerza pública.
Desde el justicialismo y organizaciones de derechos humanos advierten que estas medidas pueden reducir las garantías de familias, inquilinos, comunidades campesinas y pueblos originarios en medio de una fuerte crisis habitacional.
Expropiaciones y obras públicas
La iniciativa también propone elevar las indemnizaciones por expropiaciones mediante el valor de mercado y la incorporación del lucro cesante.
El cambio podría encarecer la construcción de rutas, viviendas, hospitales, escuelas y obras energéticas, al aumentar el costo que debe afrontar el Estado para adquirir los terrenos necesarios.
Menos protección después de los incendios
Otro de los puntos cuestionados elimina restricciones para cambiar el uso de tierras incendiadas que no sean bosques nativos.
La legislación actual establece prohibiciones de 30 o 60 años para evitar que los incendios sean utilizados con fines inmobiliarios o productivos. La modificación podría aumentar los incentivos para provocar quemas intencionales, un riesgo especialmente grave para el Litoral y el NEA.
El bloque justicialista anunció que votará en contra. El congreso definirá qué protección conservarán los territorios incendiados, qué garantías tendrán las familias frente a un desalojo y cuánto deberá pagar el Estado para ejecutar obras públicas.