Después de haber amenazado con sanciones a los prácticos navales que iniciaron un paro por tiempo indeterminado, la administración nacional decidió frenar la aplicación del decreto 690/2026 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La medida se tomó tras una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con representantes del sector.
El decreto publicado por el Ejecutivo flexibilizaba el servicio de practicaje, eximía a las navieras de la obligación de contratar prácticos y habilitaba que esa tarea pudiera ser realizada por otro tipo de personal. La protesta paralizó la entrada y salida de buques con cargas de exportación e importación, generando tensión inmediata en el comercio exterior.
Como parte del acuerdo alcanzado, el Gobierno resolvió suspender la aplicación de la normativa y conformar una mesa de trabajo con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y organismos competentes. El objetivo es revisar los puntos cuestionados y buscar una solución consensuada. Tras el entendimiento, los prácticos retomaron sus tareas de asistencia a la navegación.
Horas antes, el vocero presidencial Adrián Ravier había anunciado sanciones contra los 450 prácticos en huelga, calificando el servicio como “esencial” y señalando que tenían la obligación de sostenerlo. Sin embargo, la presión del paro y las críticas del sector llevaron a la Casa Rosada a retroceder.
El presidente del Centro de Capitanes, Jorge Tiravassi, calificó el decreto como “un disparate” y recordó que los prácticos fueron trabajadores en relación de dependencia hasta que, en 1991, el gobierno de Carlos Menem los transformó en autónomos mediante un decreto. Para Tiravassi, la iniciativa de Sturzenegger repite “torpezas” anteriores en su intento de desregular la Marina Mercante y ahora el practicaje.