Por Oscar Meza
Las novedades que nos dejó el funcionamiento del Congreso de la Nación no son, lamentablemente, demasiado halagüeñas. Muy por el contrario, vuelven a poner sobre la mesa una preocupación profunda. La vigencia de normativas legales que no le hacen en absoluto nada bien a nuestra patria.
Se habló de la Ley de Tierras, y corresponde agregar también otra norma de enorme gravedad. La llamada ley del “súper RIGI”, que en los hechos significa una nueva entrega de soberanía, de una manera obscena y vergonzosa.
Una ley hecha a gusto de los grandes intereses
Se trata de una ley que durante treinta años garantiza beneficios extraordinarios a grandes polos tecnológicos del mundo, particularmente extranjeros, con especial presencia de capitales de Estados Unidos y de otros países. Se les ofrecen franquicias fiscales, cambiarias y judiciales para operar en la República Argentina con ventajas que ningún argentino de a pie podría siquiera imaginar.
Cuando hablamos de franquicias fiscales, hablamos de liberación o reducción muy fuerte de impuestos. Cuando hablamos de beneficios cambiarios, hablamos de garantizarles condiciones favorables en el manejo del dólar. Y cuando hablamos de beneficios judiciales, hablamos de asegurarles que no encuentren mayores obstáculos para sus operaciones en nuestro país.
Algunos legisladores y periodistas señalaban que esta ley parece hecha a gusto y piacere de Silicon Valley, ese famoso valle estadounidense donde se concentran las grandes empresas tecnológicas del mundo. Y no parece una exageración. Es una norma pensada para facilitar la operatoria de esos grandes actores externos, no para fortalecer la capacidad productiva, tecnológica y soberana de la Argentina.
Nosotros siempre vemos con buenos ojos todo aquello que signifique la posibilidad de realizar negocios, operaciones económicas o financieras con distintos países y empresas del mundo. Pero eso debe hacerse siempre con una condición básica. Respetar nuestras leyes, respetar nuestra soberanía nacional y garantizar un beneficio real para el pueblo argentino y para el desarrollo de nuestros propios polos tecnológicos.
Entrega de soberanía y beneficios por décadas
Estas leyes van exactamente en sentido contrario. No fortalecen la soberanía. La debilitan. No consolidan capacidades nacionales. Las entregan. No defienden los recursos del país. Los ponen al servicio de intereses externos con beneficios extraordinarios y por décadas.
Por eso no sorprende que los referentes del Gobierno nacional estuvieran contentos. Habían logrado frenar la apelación a Manuel Adorni, personaje que representa como pocos la corrupción criolla de estos tiempos, y avanzar con leyes que favorecen nuevamente a los grandes intereses concentrados.
También hay que decirlo con claridad. Estas cosas no se consiguen solamente por la decisión del oficialismo nacional. Se consiguen también por la debilidad, la tibieza o la complicidad de sectores que deberían oponerse con firmeza. Y se consiguen, particularmente, por el acompañamiento de legisladores de gobiernos amigos.
Entre ellos, lamentablemente, hay que ubicar a los legisladores vinculados a la gestión provincial de Leandro Zdero.
El papel de la UCR y una contradicción histórica
Resulta llamativo, y a la vez doloroso, ver a figuras que dicen representar a un partido centenario como la Unión Cívica Radical acompañar este tipo de legislación. Un partido que tiene en su historia páginas valiosas de defensa de la soberanía nacional, entre ellas la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen.
YPF fue una herramienta estratégica para garantizar durante décadas soberanía energética en nuestro país. Fue una de las grandes páginas de la historia nacional. Por eso, quienes hoy hablan en nombre de la Unión Cívica Radical deberían sentir vergüenza al contribuir con leyes que generan condiciones de entrega de la patria en distintos terrenos, de la mano del gobierno de Javier Milei.
Lo que ocurre hoy es de una gravedad enorme. Me atrevo a decir que, desde el retorno de la democracia en adelante, e incluso si miramos más atrás, desde principios del siglo pasado, pocas veces vimos un gobierno que entregue de manera tan obscena la soberanía nacional y la posibilidad de usar nuestros recursos naturales para acrecentar el bienestar de nuestro pueblo.
Este gobierno hace exactamente lo contrario. En lugar de defender la riqueza nacional, la abre a intereses externos. En lugar de fortalecer la industria, la ciencia y la tecnología propias, les garantiza beneficios a grandes empresas extranjeras. En lugar de cuidar el futuro del pueblo argentino, lo hipoteca por treinta años.
Defender la patria también es poner límites
Frente a esto, crece la responsabilidad de todos aquellos ciudadanos que tenemos claro lo que significa hacer patria y defender a la patria. De acá a diciembre de 2027, o incluso antes, tenemos la obligación de bregar para que estas cosas no sigan sucediendo.
No digo que necesariamente haya que esperar hasta diciembre del año que viene. Conozco la legislación nacional, la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, y sé que existen caminos institucionales para ponerle freno a un gobierno que transita una senda de entrega obscena, antipatriótica y dañina para el bienestar de nuestro pueblo.
Para eso se necesitan legisladores, dirigentes políticos y referentes de los principales partidos de nuestra patria que tengan coraje cívico y calor patriótico. No alcanza con mirar desde lejos. No alcanza con lamentarse. Hay que actuar dentro de la democracia, con las herramientas que la propia democracia ofrece.
Porque la patria no se entrega en cuotas. Y mucho menos se entrega por treinta años.