Por Agustina Bottini
El Gobierno de Zdero repite hasta el cansancio que terminó con los intermediarios. Pero en Puerto Tirol parece que los intermediarios no desaparecieron: cambiaron de camiseta política.
La Juventud Radical aparece encargándose de inscribir a vecinos que aspiran a una vivienda social, mientras el Instituto de Vivienda delegaría una tarea que debería estar bajo su propia responsabilidad.
¿Casualidad? ¿Gestión territorial? ¿O prebenda electoral disfrazada de política habitacional?
Porque cuando una necesidad tan sensible como acceder a una vivienda queda vinculada a una estructura partidaria, hay una pregunta que no se puede esquivar:
¿La vivienda se gestiona desde el Estado o desde el partido?
Zdero prometió terminar con los intermediarios. Sin embargo, en Puerto Tirol lo que se ve es otra cosa: los punteros no desaparecieron; fueron institucionalizados.
El problema aparece cuando una estructura partidaria ocupa el lugar que debería tener un organismo público y pasa a intervenir en el acceso a una vivienda. Un derecho básico no debería depender de contactos, militancia ni cercanía política.
Si el sistema es transparente, cualquier vecino debería poder inscribirse por canales oficiales, con información pública y reglas claras. Cuando en ese proceso aparece la Juventud Radical, la promesa de terminar con los intermediarios queda, como mínimo, en duda.
La necesidad de una familia no puede convertirse en moneda de cambio electoral.
Si realmente terminó la intermediación, que expliquen quién inscribe, quién decide, bajo qué criterios y qué rol cumple la Juventud Radical.
Porque una cosa es garantizar derechos desde el Estado.Otra muy distinta es hacer política partidaria con la necesidad de la gente.