Un nuevo capítulo de endeudamiento externo se abrió en la Casa Rosada con la publicación del Decreto 478/2026 en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, habilita un crédito internacional por 5.000 millones de dólares. El decreto faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a iniciar de inmediato negociaciones con bancos y organismos privados.
El gobierno enfrenta un riesgo país elevado que le impide acceder directamente al mercado internacional. Para sortear esa barrera, se diseñó una estructura administrativa que permita endeudarse de todas formas y obtener fondos frescos destinados a cubrir los próximos vencimientos del calendario financiero. La urgencia responde a compromisos que, hacia 2027, alcanzan los 9.000 millones de dólares.
El mercado financiero internacional observa con atención. Instituciones como JP Morgan celebran el superávit fiscal conseguido en los últimos meses, pero exigen mayor disciplina para afrontar los pagos futuros. En el lenguaje de los mercados, esa disciplina se traduce en más recortes sobre el gasto público, una receta que también impulsa el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito.
El margen político y social para aplicar nuevos ajustes se reduce cada día. El superávit se construyó sobre la base de una fuerte licuación de jubilaciones y el desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado. La motosierra sobre los pocos recursos que quedan enfrenta la resistencia de un pueblo trabajador que ya no soporta más deterioro en su calidad de vida.
A la presión económica se suma la crisis política derivada de los casos de corrupción. El escándalo que rodea a Manuel Adorni eclipsa cualquier intento del ministro Caputo de mostrar logros macroeconómicos y complica la estrategia oficial de generar confianza en los mercados.
El decreto establece que el nuevo endeudamiento se realizará con entidades financieras internacionales y bajo jurisdicción extranjera. Toda controversia se resolverá en tribunales de Nueva York, replicando una práctica que gobiernos anteriores también adoptaron y que expone a la Argentina a fallos desfavorables de jueces norteamericanos.