El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei ya impacta de lleno en el funcionamiento del INTA en Corrientes. En medio del recorte presupuestario aplicado para 2026, crece la preocupación entre trabajadores y productores rurales por el cierre de agencias, el congelamiento salarial y el vaciamiento progresivo de un organismo clave para el desarrollo agropecuario del interior.
La situación se agrava semana tras semana. En distintos puntos del país ya comenzaron cierres de sedes, reducción de personal y programas paralizados. En Corrientes, el escenario no es diferente: varias agencias del interior dejaron de funcionar y los trabajadores fueron trasladados a oficinas consideradas “más grandes”, mientras aumenta el temor a nuevas cesantías y a un ajuste todavía más profundo.
Actualmente el organismo cuenta con 48 agencias en la provincia, aunque el panorama interno refleja un fuerte deterioro laboral y operativo. Según denunciaron trabajadores del sector, cerca de mil empleados del INTA a nivel nacional ya aceptaron retiros o jubilaciones anticipadas en medio de un clima de incertidumbre permanente y salarios que quedaron completamente retrasados frente a la inflación.
El secretario de la seccional Corrientes del organismo, Gabriel Escobar, describió un escenario crítico: “La situación está muy complicada. Se están ofreciendo jubilaciones para que los agentes se vayan de manera voluntaria”, explicó.
Escobar sostuvo además que muchos trabajadores terminan aceptando los retiros por el desgaste económico y emocional que genera la situación actual. “El sueldo viene completamente planchado y la gente decide irse incluso teniendo un trabajo estable y en blanco, por la incertidumbre que vivimos”, afirmó.
Detrás del ajuste no solo aparece el impacto sobre los empleados, sino también sobre miles de pequeños productores que dependen del acompañamiento técnico del organismo para sostener sus actividades productivas.
Desde el INTA remarcan que, pese al contexto, continúan intentando mantener la asistencia técnica y el vínculo con los productores rurales. “Seguimos trabajando con pequeños productores, acompañando procesos productivos y brindando asesoramiento técnico”, señaló Escobar.
Sin embargo, reconoció que el cierre de agencias ya comenzó a afectar directamente a las comunidades rurales. Las sedes de Caá Catí, Sauce y Esquina dejaron de funcionar y el personal fue derivado a otras dependencias.
“Se trasladan los trabajadores a las agencias más cercanas para no perder los puestos, pero el problema es que el pequeño productor se queda sin un lugar cercano donde acudir para recibir asesoramiento”, advirtió el dirigente.
La preocupación crece especialmente en sectores vinculados a la agricultura familiar y a las economías regionales, históricamente acompañadas por programas del INTA relacionados con huertas, producción animal, manejo de suelos y asistencia técnica para pequeños emprendimientos rurales.
Mientras el Gobierno nacional insiste con la política de “motosierra” sobre el Estado, en las provincias comienza a sentirse el impacto concreto de los recortes sobre organismos estratégicos. En Corrientes, trabajadores del INTA advierten que detrás del discurso de ajuste y eficiencia se esconde un proceso de debilitamiento de estructuras fundamentales para el desarrollo productivo y el arraigo rural.
El temor ahora es que el recorte continúe avanzando y que nuevas agencias del interior terminen cerrando en los próximos meses, profundizando aún más el abandono de sectores rurales que ya enfrentan caída del consumo, aumento de costos y una economía cada vez más golpeada.