Presentan denuncia penal por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a funcionarios libertarios
La polémica por la concesión de créditos hipotecarios del Banco Nación a dirigentes vinculados al oficialismo sumó un nuevo capítulo judicial, con un tono cada vez más crítico hacia los responsables de habilitar operaciones que, según denuncian, no habrían cumplido con los requisitos básicos exigidos por la normativa vigente.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue lo que definió como un esquema de adjudicación de préstamos que podría encuadrar en delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta. El foco no sólo está puesto en los beneficiarios, sino especialmente en los funcionarios bancarios y autoridades que aprobaron créditos a personas que no reunirían las condiciones mínimas, entre ellas la estabilidad laboral exigida.
En su presentación, Frade cuestionó que se hayan otorgado montos millonarios a legisladores y funcionarios sin garantías claras de repago, en abierta contradicción con las normas del Banco Central de la República Argentina, que obligan a evaluar no sólo los ingresos sino también su continuidad en el tiempo. En ese sentido, advirtió que aprobar créditos a cargos políticos de duración limitada o a personas sin relación de empleo estable implica, en los hechos, convalidar operaciones destinadas a caer en mora.
La denuncia apunta así a una responsabilidad directa de quienes, desde el Banco de la Nación Argentina, habrían avalado estas operatorias. Para la legisladora, no se trata de casos aislados sino de un patrón que revela una utilización discrecional de recursos públicos en beneficio de sectores políticamente alineados con el gobierno de Javier Milei.
El expediente solicita revisar los legajos crediticios, las actas internas que aprobaron los préstamos y la intervención de peritos que determinen si hubo perjuicio económico para la entidad. La sospecha central es que se flexibilizaron —o directamente se ignoraron— los criterios técnicos habituales para favorecer a funcionarios y allegados.
Los datos que originaron la controversia fueron sistematizados por el programador Andrés Snitcofsky, quien desarrolló una herramienta basada en registros oficiales que expone la evolución de deudas de figuras públicas. A partir de esa información, salieron a la luz casos de dirigentes con créditos por cientos de millones de pesos, muchos de ellos otorgados en lapsos coincidentes con cambios políticos o designaciones en cargos.
Entre los nombres mencionados aparecen Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero, entre otros funcionarios y asesores con deudas que alcanzan cifras millonarias. También figuran integrantes del equipo económico, como Federico Furiase, lo que amplía el alcance político del caso.
Más allá de las defensas públicas de algunos beneficiarios —que alegan haber accedido a condiciones de mercado—, el eje de la crítica se desplaza hacia quienes tenían la obligación de controlar. En ese marco, la denuncia subraya que el problema no es la toma de crédito en sí, sino la eventual connivencia de autoridades que habrían habilitado operaciones sin respaldo suficiente, comprometiendo fondos de una entidad estatal.
En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó pedidos de informes para conocer el alcance real de estos préstamos y los controles aplicados. Su planteo introduce otra dimensión: la posible utilización de información privilegiada o la influencia del cargo público para acceder a condiciones ventajosas.
Con la investigación en ciernes, el caso pone en discusión no sólo la conducta individual de los beneficiarios, sino el rol de los funcionarios que, lejos de actuar como garantes del interés público, habrían facilitado un esquema de financiamiento cuestionado por su falta de transparencia y rigor técnico.