El exfuncionario evitó declarar en la causa por millonarias irregularidades en Discapacidad
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a responder preguntas ante la Justicia en el marco de la investigación por un presunto fraude de gran escala dentro del organismo. La audiencia se realizó este martes ante el juez Ariel Lijo, quien quedó a cargo del expediente tras la subrogancia previa.
Según trascendió, la decisión de no declarar forma parte de una estrategia defensiva centrada en cuestionar la validez de pruebas clave, particularmente una serie de audios que dieron origen al escándalo. Desde su entorno sostienen que no responderá hasta que se realicen peritajes que determinen la autenticidad de esas grabaciones, en las que una voz atribuida a Spagnuolo alude a un presunto sistema de coimas dentro de la agencia.
Sin embargo, para el fiscal Franco Picardi, esos audios no constituyen el núcleo de la acusación. La investigación se apoya en un volumen más amplio de evidencia, que incluye análisis de sistemas, documentación y peritajes sobre maniobras administrativas presuntamente irregulares.
Spagnuolo ya había sido procesado en febrero por delitos como cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa examina operaciones que habrían implicado desvíos por más de 75.000 millones de pesos a través de mecanismos de compra dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el centro de la investigación aparece el sistema Siipfis, utilizado para la adquisición de insumos médicos de alto costo. Según la hipótesis fiscal, este esquema habría sido manipulado por funcionarios y operadores externos para beneficiar a un grupo acotado de proveedores mediante prácticas como direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y simulación de competencia.
La causa también involucra a otros exfuncionarios y actores del circuito de provisión médica. Entre ellos, Daniel Garbellini, quien fuera número dos del organismo, y que también optó por no declarar en esta instancia. De acuerdo con la acusación, habría tenido un rol central en la asignación de contratos a determinadas droguerías.
El expediente, que inicialmente estuvo bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, sumó nuevos elementos a partir del análisis de teléfonos secuestrados y del propio sistema de gestión, lo que permitió ampliar el alcance de las sospechas más allá del rubro medicamentos hacia otras áreas de compras.
Mientras las defensas insisten en cuestionar la validez de parte de la prueba, la investigación judicial avanza sobre un entramado que, de confirmarse, expondría un esquema sistemático de desvío de fondos públicos en un área especialmente sensible del Estado.
La negativa a declarar, lejos de cerrar el capítulo, refuerza la expectativa sobre las próximas decisiones judiciales y el eventual avance de un caso que combina alto impacto económico con fuertes implicancias políticas.