Una camioneta oficial que habría terminado a disposición de la pareja de una intendenta, otro vehículo provincial que sería utilizado para trasladar habitualmente a una docente y documentos que muestran que la falsa médica Mabel Ojeda habría contado con una Hilux, chofer, combustible y viáticos. Las denuncias sobre el uso de la flota estatal empiezan a golpear uno de los principales argumentos con los que Leandro Zdero construyó su discurso de gestión: el “orden” de los recursos públicos.
En Pampa Almirón, la intendenta Gladys Piccilli habría recibido del Gobierno provincial una Toyota Hilux recuperada para tareas municipales. Según la denuncia difundida en la localidad, la camioneta dominio LUE 646 habría quedado luego a disposición de Javier Vargas, su pareja, integrante de Gendarmería Nacional y ajeno a la estructura municipal.
El dominio aparece en documentación oficial de la Provincia. Un decreto publicado en el Boletín Oficial registra a LUE-646 como una Toyota que integraba el parque automotor chaqueño y que en 2018 fue transferida entre organismos del Poder Ejecutivo.
Otro señalamiento alcanza al diputado provincial Jorge “Pato” Gómez, exministro de Gobierno de Zdero. Publicaciones y testimonios provenientes de General San Martín sostienen que un vehículo estatal sería utilizado de manera reiterada para trasladar a una docente que trabaja en esa ciudad y tiene vínculos con Pampa Almirón.
Hasta la falsa médica habría tenido camioneta y chofer
El caso de la denominada falsa médica agrega un capítulo todavía más delicado.
Dos disposiciones fechadas el 20 y 27 de marzo de 2025 autorizan el traslado de “Dra. Ojeda Mabel” junto al chofer Cristian Alfredo Rivas hasta Villa Río Bermejito para realizar “actividades de gestión”. Los viajes se realizarían en una Toyota Hilux oficial, dominio AG995MJ, con combustible mediante YPF en Ruta y viáticos pagados por la Subsecretaría de Articulación Sanitaria.
Los documentos llevan la firma de Mariela Mercadín, entonces subsecretaria de Articulación Sanitaria.
La investigación sobre Mabel Ojeda determinó posteriormente que habría realizado guardias utilizando una matrícula perteneciente a otro profesional. La causa derivó en actuaciones administrativas y judiciales y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas relevó documentación en siete hospitales, entre ellos Villa Río Bermejito.
Si los traslados consignados corresponden a la misma Ojeda investigada, queda la pregunta, ¿cómo una persona que no tenía título habilitante habría llegado a disponer de una camioneta oficial, un chofer, combustible y viáticos para realizar actividades dentro del sistema sanitario provincial?
Del “orden” a las preguntas por la flota oficial
La contradicción alcanza uno de los símbolos utilizados por Zdero desde el comienzo de su gestión.
En marzo de 2024, el gobernador exhibió públicamente vehículos recuperados y aseguró que los bienes del Estado debían volver a estar al servicio del Estado.
Pero cuando el portal LITIGIO pidió formalmente información sobre la flota provincial, el criterio cambió. El 28 de mayo presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los dominios, tipos de vehículos, cantidad de unidades y dependencias a las que estaban asignadas. Casi tres meses después, la Dirección General de Gestión de Bienes rechazó entregar esos datos con el argumento de que podrían comprometer la “seguridad” del personal y del patrimonio estatal. La negativa alcanzó incluso información general como la cantidad de vehículos y las áreas donde estaban afectados.
La vara fue distinta cuando las preguntas apuntaron al municipio opositor de General San Martín. El 16 de septiembre, la Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto de resolución 2248/26, impulsado por el oficialismo, para exigir a la comuna el detalle completo de su parque automotor: tipo, marca, modelo, año, dominio, estado, destino, gastos de combustible, mantenimiento y seguros.
El jefe del interbloque oficialista, Iván Gyöker, fue todavía más explícito durante el debate. Sostuvo que “el Estado o el Municipio no tiene por qué ser una pyme familiar” y afirmó que los bienes públicos deben estar al servicio de quienes pagan impuestos.
El oficialismo reclama saber quién utiliza los vehículos, qué gastos generan y cuál es su destino cuando se trata de General San Martín, pero el Gobierno de Zdero se niega a brindar información equivalente sobre la flota provincial.
El “orden” funciona bien como consigna publicitaria. El problema aparece cuando toca explicar quién tiene los vehículos del Estado, para qué los usa y por qué esa información no puede hacerse pública.
Fuente: Roberto Espinoza, Agustina Bottini, Revista Litigio.