El Presupuesto 2027 confirma que la motosierra de Javier Milei no es una metáfora sino una política de Estado. La búsqueda del equilibrio fiscal se convirtió en una cruzada ideológica que sacrifica ciencia, universidades y discapacidad, tres pilares del desarrollo y la inclusión.
El proyecto enviado al Congreso ratifica el dogma libertario: no hay plata, pero sí hay prioridades. Mientras se recortan fondos para investigación y educación, el Gobierno mantiene beneficios para corporaciones y patrimonios altos. La transferencia de recursos desde los sectores vulnerables hacia los más poderosos se consolida como el verdadero programa económico.
En discapacidad, el ajuste es brutal. Se elimina la actualización automática de los pagos a prestadores y se desmantela el Certificado Único de Discapacidad como herramienta de acceso. El modelo vuelve a una lógica médica y excluyente, incompatible con la Convención de la ONU. La incompatibilidad entre pensión y trabajo formal reinstala la idea de invalidez como condena, no como derecho.
Las universidades, por su parte, quedan $4 billones por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional. El sistema educativo público, que sostiene la formación y la investigación en todo el país, enfrenta un recorte del 25% respecto de 2023. Los rectores advierten que el desfinanciamiento ya es estructural y que la supervivencia depende del esfuerzo de docentes y estudiantes.
La ciencia tampoco escapa al ajuste. Conicet, INTI, INTA y CNEA sufren caídas reales de hasta el 25%. La Agencia de Promoción Científica sigue desfinanciada y los proyectos de investigación se paralizan. Los salarios pierden más del 40% y los jóvenes investigadores abandonan el sistema. Sin inversión en conocimiento, el país retrocede décadas.
El golpe final llega con la eliminación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Gobierno podrá congelar los montos a discreción, borrando el mecanismo que protegía a millones de familias frente a la inflación.
El Presupuesto 2027 no es un plan económico: es una declaración de principios. La obsesión por el déficit cero se impone sobre cualquier noción de justicia social. El Estado se achica donde más se lo necesita y se expande donde más poder acumula. En nombre del equilibrio fiscal, Milei consolida un desequilibrio moral que redefine la idea misma de gobierno.