Al índice mensual hay que llevarlo a la realidad con los datos de, por lo menos, la canasta de hoy, incluidos el transporte y los servicios
Septiembre de 2026 encuentra al Gobierno aún atrapado en el mismo laberinto que estalló en febrero, cuando la renuncia de Marco Lavagna expuso la manipulación del Índice de Precios al Consumidor. La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial —presentada como un organismo para “desmentir activamente la mentira”— terminó consolidando la estrategia de opacidad y ocultamiento que atraviesa todas las estadísticas públicas.
El ministro Luis Caputo justificó entonces que el nuevo índice debía aplicarse “cuando la desinflación estuviera consolidada”. Hoy, ocho meses después, la desinflación nunca llegó y el índice oficial sigue maquillado con la vieja canasta 2004/2005, que subestima el peso real de servicios y transporte. El diferencial es brutal: 11,2% menos de inflación respecto de lo que arrojaría la Encuesta de Gastos 2017/18. Esa brecha afecta jubilaciones, paritarias y bonos, y desancla expectativas.
La paradoja es que el propio gobierno había comprometido ante el FMI la actualización del índice para fines de 2025, lo incluyó en la Ley de Presupuesto 2026 y lo reconoció como listo para salir en 2024. Sin embargo, la decisión política fue barrer bajo la alfombra. Caputo ahora promete una nueva Encuesta de Hogares, pero su aplicación demoraría al menos tres años.
El patrón se repite en otros frentes:
- Salarios informales: la inclusión de ingresos sociales como Tarjeta Alimentar o Progresar generó un salto artificial en los ingresos de los deciles más bajos, mostrando una mejora inexistente. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado creció 30% más que los precios, un resultado absurdo.
- Pobreza: el gobierno sostiene que sacó a 12 millones de personas de la pobreza, pero la mejora responde a cambios metodológicos en la captación de ingresos, no a la realidad económica.
- Turismo: se discontinuaron encuestas clave como la ETI y la EOH, ocultando el impacto de la apreciación cambiaria en el sector.
- Actividad económica: el EMAE de septiembre 2025 fue ajustado con magnitudes inusuales, retroactivas hasta seis meses, sobredimensionando la recuperación y negando la recesión.
- Oro del BCRA: sigue sin aclararse el destino del oro que salió físicamente del Banco Central. La respuesta vaga de Caputo en 2024 (“si lo tenés afuera le podés sacar un retorno”) refuerza la sospecha de que el activo podría ser embargable.
- Swap con EE.UU.: en enero de 2026 se anunció la cancelación de una línea que nunca se había informado como activada. Se desconoce origen de fondos y tasa aplicada.
- Acceso a la información: según Chequeado, el gobierno de Milei es el que más pedidos recibió y el que más incumplió, con casi 8% de solicitudes sin respuesta.
Aunque parezca un relación pequeña la diferencia, el problema es que es acumulativo, digamos por goteo, y ademas permanente, por lo que en sumatoria desde diciembre de 2023, con esa estrepitosa inflación, y luego este esquema que nos arroja este resultado, y no se percibe un horizonte ni reparador ni de estabilidad del poder adquisitivo
En realidad la “oficina de la verdad” no vino a transparentar, sino a blindar la mentira. El Indec sigue siendo utilizado como herramienta política para sostener un relato de estabilidad que no existe. La inflación real, la pobreza y la actividad económica se maquillan con metodologías cuestionadas, mientras la información pública se oculta o se niega.