Miles de endeudados con bancos y billeteras virtuales marcharon ayer hacia el Ministerio de Economía. La consigna fue contundente: “El arma en la cabeza es el plan económico de Milei”. La movilización reunió a la CGT, la UTEP y las dos CTA, que entregaron un petitorio a Luis Caputo reclamando medidas urgentes frente a la morosidad que asfixia a millones de familias.
La escena en Plaza de Mayo contrastó con el discurso presidencial en el Council of the Americas, donde Javier Milei aseguraba que “el desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios”. Afuera, los dirigentes sindicales advertían lo contrario: cuando una familia deja de pagar una tarjeta o un préstamo, se frena el consumo; cuando una empresa no financia su capital de trabajo, reduce su actividad; y cuando caen consumo y producción, también se resiente el empleo.
La morosidad alcanza a seis millones de personas en el sistema bancario y digital, y a un número aún mayor en el circuito clandestino de prestamistas barriales. El endeudamiento se volvió transversal: jóvenes, jubilados, trabajadores formales e informales. Surge así un nuevo actor social: el endeudado, que protesta por sobrevivir mes a mes.
Según el CEPA, la mora en billeteras digitales trepó al 29,6%, triplicando a la de los bancos tradicionales. Tres compañías concentran el 40% de los préstamos en mora: Tarjeta Naranja, Naranja Digital y Mercado Libre. Los intereses superan el 100% anual, mientras la inflación ronda el 30%.
El endeudamiento no solo golpea a las familias: también a las pequeñas y medianas empresas. En mayo cerraron tres firmas por hora, acumulando 8.438 unidades productivas menos en lo que va del año. Las organizaciones empresarias reclamaron una ley de emergencia para evitar el colapso del sector.
Mientras el Congreso acumula proyectos bloqueados por La Libertad Avanza, algunas provincias avanzan por su cuenta. Buenos Aires abrió un expediente contra billeteras virtuales por hostigamiento y acoso a deudores. La Rioja declaró la emergencia crediticia y dictó un DNU que habilita intervención estatal frente a prácticas abusivas.
La protesta de ayer marca un punto de inflexión: la deuda dejó de ser un problema privado para convertirse en un conflicto político. La enajenación del salario y del consumo expone el costo social del modelo libertario. La pregunta que queda flotando es si el Gobierno seguirá negando la crisis o si aceptará que el endeudamiento masivo es hoy la principal amenaza a la estabilidad social.