El bloque Justicialista del Senado de la Nación difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de persecución política y económica formuladas por Francisco Paoltroni contra el Gobierno de Formosa. El documento atribuye los problemas empresariales del senador a su situación financiera, cuestiona sus señalamientos sobre los controles estatales y le reclama pruebas de sus denuncias. A continuación, el texto completo:
PAOLTRONI SOLO BUSCA VICTIMIZARSE Y APELA A UNA BURDA OPERACIÓN MEDIÁTICA
Buenos Aires, septiembre 7. - Ante las infundadas acusaciones vertidas públicamente por el senador nacional Francisco Paoltroni, secundadas de manera irresponsable por el bloque de Senadores de La Libertad Avanza a través de su comunicado, nos vemos en la obligación de desmentir categóricamente la existencia de cualquier tipo de "persecución política" o "ahogo económico" dirigido contra su persona o sus empresas.
Detrás de una burda operación mediática que busca victimizar políticamente a un legislador, se esconde una realidad estrictamente comercial y de pésima gestión corporativa que detallamos a continuación:
1. Insolvencia financiera y deudas multimillonarias:
El cese de actividades anunciado por el senador Paoltroni no obedece a trabas gubernamentales, sino a la quiebra e insolvencia técnica de sus propios negocios. Según los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma consignataria del legislador, Ganaderos de Formosa S.R.L., arrastra una descomunal deuda bancaria que asciende a 10.128 millones de pesos con diferentes entidades financieras.
Asimismo, la empresa ya registra dos cheques rechazados sin fondos por una suma total de 20 millones de pesos. Pretender trasladar al Estado provincial la responsabilidad por el descalabro financiero y la cesación de pagos de una firma privada constituye una falta absoluta de honestidad comercial.
2. Falsedad institucional y contradicción sobre embargos federales:
En su relato, el senador Paoltroni aduce una supuesta campaña provincial basándose en haber recibido "siete embargos de AFIP en apenas tres días". Resulta ridículo e institucionalmente imposible adjudicar estas medidas al Gobierno de Formosa, dado que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) —hoy reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— es un organismo de carácter estrictamente nacional y federal. El gobernador provincial carece por completo de injerencia sobre las determinaciones fiscales de un ente federal, situación que desnuda la falsedad de su imputación.
3. Cumplimiento de la ley ganadera y fiscal versus los privilegios políticos. Y el inadmisible avasallamiento a las instituciones provinciales:
Las quejas de Paoltroni respecto a las fiscalizaciones vehiculares, el pesaje de hacienda en manga y las exigencias de tránsito ganadero constituyen un abierto y gravísimo avasallamiento a las instituciones de nuestra provincia. El senador nacional pretende transformar normativas de control rutinarias —diseñadas para resguardar la legalidad fiscal y el estatus sanitario de la ganadería de todos los formoseños— en un relato conspirativo de "hostigamiento".
Especular políticamente con estos operativos obligatorios y usar una banca en el Congreso de la Nación para presionar, deslegitimar y amedrentar a las autoridades y agentes públicos locales que aplican la ley representa un atropello intolerable a la soberanía provincial.
Ocupar un cargo legislativo no le otorga inmunidad comercial ni el derecho a evadir las inspecciones comunes. Pretender que sus firmas operen bajo un régimen de excepción feudal, al margen de las reglas de control de hacienda, es un insulto a los productores formoseños que sí cumplen con la ley día a día.
4. Ausencia total de pruebas y expedientes:
Por último, debemos remarcar que quien denuncia "multas inventadas" o "aprietes", más siendo un Senador Nacional, tiene la obligación republicana de presentar las pruebas correspondientes ante la Justicia. Pero a contrario sensu, hasta el momento, el senador Paoltroni no ha exhibido un solo número de expediente, resolución administrativa o fallo judicial que acredite una sola de sus acusaciones mediáticas.
Podemos asegurar que en Formosa rige plenamente el Estado de derecho, y toda medida estatal se asienta sobre procedimientos legales fundamentados y recurribles por las vías pertinentes.
Por supuesto que no celebramos el cierre de ninguna empresa, entendiendo el impacto que puede tener sobre los puestos de trabajo de las familias formoseñas. Sin embargo, la ley se aplica de igual manera para todos, y ocupar una banca en el Congreso de la Nación no otorga impunidad comercial ni exime a nadie de pagar sus deudas, honrar sus cheques y cumplir con los controles sanitarios y fiscales vigentes.
BLOQUE JUSTICIALISTA
SENADO DE LA NACIÓN