El colmo: en medio de la crisis por la mora, el gobierno permite a bancos y fintech meterse en las cuentas para cobrar
La decisión del Banco Central expone con crudeza dónde está puesta la empatía oficial: no en los millones de familias endeudadas por las políticas económicas de Milei, sino en los bancos y las fintech que buscan asegurarse el cobro. A partir del 1° de septiembre, las entidades podrán ingresar directamente en las cuentas de los deudores —incluidas las cuentas sueldo— para ejecutar los créditos nuevos.
La medida fue resuelta en marzo, cuando la morosidad ya había explotado. Según el propio informe del BCRA, a diciembre de 2025 la mora de las familias alcanzaba el 9,3% del total de créditos, con un ritmo de crecimiento mensual del 0,5%. En lugar de atender esa emergencia social, el gobierno rehabilitó el viejo Debin bajo el nombre de “Cobro con Transferencia” (CCT), una herramienta que había sido desactivada por las estafas reiteradas.
El problema central que la norma intenta resolver no es el de los hogares endeudados, sino la disputa entre bancos y fintech por el mercado del crédito. Mercado Pago aparece como el principal beneficiado: podrá acceder a las cuentas sueldo, hasta ahora vedadas, mientras los bancos temen no poder recuperar fondos invertidos en cuentas remuneradas y fondos comunes.
El resultado es un sistema financiero que se blinda frente a la crisis, mientras deja a los deudores más vulnerables. En medio de un desastre que afecta a seis millones de personas, el BCRA interviene para terciar en la guerra corporativa y convierte a los clientes en rehenes de un mecanismo de cobro automático.
La conclusión es lapidaria: el gobierno eligió ponerse del lado de los acreedores. La empatía oficial no está con las familias que se endeudan para sobrevivir, sino con los bancos y las fintech que buscan salvar los restos de un mercado de crédito al borde de la implosión.