El Gobierno nacional derogó ocho normas vinculadas a la planificación y control de la actividad minera mediante la Resolución 64/2026, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero.
Entre ellas, se eliminó el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, creado en 2022 para acompañar a las provincias en la evaluación y fiscalización de emprendimientos mineros.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de agosto y se justificó en la necesidad de “simplificar la administración pública, racionalizar el gasto y eliminar programas obsoletos”.
El programa eliminado
El proyecto federal financiaba:
- Capacitación de agentes provinciales encargados de controles.
- Compra de infraestructura y equipamiento técnico.
- Cooperación entre organismos públicos y universidades.
- Participación comunitaria y difusión de resultados.
- Generación de información ambiental confiable para el Sistema de Información Abierta sobre Minería.
Su eliminación deja sin una herramienta nacional de asistencia y coordinación, debilitando la capacidad de las provincias para fiscalizar proyectos de gran escala.
Interrogantes abiertos
La resolución sostiene que el programa será reemplazado por “mecanismos alternativos más eficientes”, pero no especifica:
- Qué organismo coordinará las nuevas funciones.
- Con qué presupuesto se implementarán.
- Cuándo comenzarán a aplicarse.
Esto genera incertidumbre sobre la continuidad de políticas destinadas a reducir las diferencias técnicas y presupuestarias entre provincias.
Marco legal vigente
La medida no elimina las evaluaciones de impacto ambiental ni las obligaciones previstas en el Código de Minería. Las provincias mantienen sus competencias sobre recursos naturales y deben aprobar, inspeccionar y fiscalizar proyectos.
Sin embargo, desaparece un canal federal de financiamiento y cooperación, lo que en la práctica dificulta la efectividad de los controles.
Otras normas derogadas
Además del programa de monitoreo, se suprimieron:
- Reglamentos para transferir fondos a provincias y municipios.
- Adaptación del Plan Nacional de Minería Social.
- El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.
- La Mesa Técnica de Análisis de Importaciones.
- La Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
- Una resolución de 2022 que prorrogaba plazos de rendición de fondos provinciales.
Los convenios ya firmados deberán continuar ejecutándose y subsisten las obligaciones de rendición de cuentas.
Contexto económico y ambiental
La decisión se conoce mientras el Gobierno impulsa la expansión de la minería de litio, cobre, oro y plata como motores de inversión y exportación. En ese escenario, la eliminación de un programa de monitoreo ambiental genera una señal contradictoria: se aceleran los proyectos extractivos mientras se reduce la estructura pública destinada a controlar sus impactos.
La derogación del programa de monitoreo ambiental minero marca un retroceso en la capacidad institucional de Argentina para fiscalizar proyectos de gran escala. Aunque las obligaciones legales continúan vigentes, las provincias pierden un canal federal de capacitación, financiamiento y cooperación.
La ausencia de un reemplazo concreto abre dudas sobre cómo se garantizará la transparencia y la protección ambiental en un contexto de expansión minera.
Fuente: Noticias Ambientales.