El ingreso del buque británico VS Promise al puerto de Ushuaia desató un fuerte cruce político entre el gobierno nacional y la administración fueguina. Para la provincia, se trata de un hecho “inadmisible” en tanto el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Para el gobierno de Javier Milei, en cambio, no representa una pérdida de soberanía ni viola la legislación vigente.
El reclamo fueguino apuntó directamente a la intervención nacional sobre el puerto, vigente desde hace ocho meses. El gobernador Gustavo Melella denunció que “Ushuaia es un punto estratégico para la defensa de nuestros intereses soberanos” y que la decisión de habilitar a un buque británico constituye un acto de “desnacionalización estratégica”. La diputada Andrea Freites subrayó que “desde 1982 no pasó nunca” y que “no hay antecedentes” de semejante concesión.
La respuesta oficial buscó trasladar la responsabilidad a la provincia. El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que el ingreso fue avalado por el propio gobierno fueguino, aunque la administración local lo desmintió: “Las decisiones pasan por el puerto, intervenido por la Nación”, replicó Freites. La interpretación de la Ley Gaucho Rivero, que prohíbe la operación de buques británicos vinculados a la explotación en Malvinas, quedó en el centro de la disputa.
En el Congreso, diputados de Unión por la Patria presentaron pedidos de informes y un repudio formal. La diputada Agustina Propato denunció que la medida se inscribe en una serie de concesiones estratégicas: la explotación ilegal de Sea Lion, la venta de terrenos de la Armada, el Pacto Mondino-Lammy, vuelos con escala en Argentina para abastecer a los ocupantes ilegítimos y licencias pesqueras y petroleras otorgadas sin control. “Quedan claras las intenciones del gobierno”, advirtió.