El gobierno presenta al Súper RIGI como un motor de inversiones estratégicas, pero detrás de la retórica de modernización se esconde un mecanismo de enajenación de recursos y de subordinación jurídica que compromete el futuro del país.
El régimen otorga a corporaciones extranjeras un blindaje fiscal y cambiario por treinta años, con retenciones cero, aranceles cero y una tasa reducida de Ganancias. No se exige reinversión local ni contratación de proveedores nacionales. En otras palabras, las utilidades pueden fugarse sin dejar huella en la economía argentina.
Más grave aún: las disputas no se dirimen en tribunales locales, sino en cortes internacionales como el CIADI. Esto significa que cualquier intento de un gobierno futuro por regular, cobrar impuestos o imponer estándares ambientales podría ser invalidado por un fallo externo. La justicia argentina queda relegada, y con ella la capacidad soberana de decidir sobre sus propios recursos.
La trampa es clara: bajo el discurso de atraer capitales, se institucionaliza un modelo de enclave. Las empresas operan como estados dentro del Estado, con reglas propias y garantías blindadas. El país, en cambio, queda atado a contratos que limitan su margen de maniobra durante tres décadas.
El resultado es una enajenación doble: de los recursos naturales, que se explotan sin obligación de reinversión, y de la justicia local, que se ve desplazada por tribunales internacionales. Argentina corre el riesgo de convertirse en un territorio administrado por corporaciones, donde la soberanía se reduce a un formalismo.
La discusión sobre el Súper RIGI no es técnica ni coyuntural: es política y estructural. Se trata de decidir si el país se reserva el derecho de gobernar sus recursos y su justicia, o si los entrega a intereses externos bajo la promesa de inversiones que, en los hechos, pueden convertirse en un nuevo ciclo de dependencia.