En el caso de Rosario, el incumplimiento roza el 20%. El Estado nacional, al desentenderse de la inflación y la caída de ingresos, empuja a las familias a elegir entre pagar el alquiler, los servicios o sostener los consorcios.
El dato es alarmante: las administraciones de consorcios de Rosario registran niveles de morosidad en expensas que ya alcanzan entre el 15 y el 20%, cuando a fines del año pasado apenas rondaban el 10%. Según la Cámara de la Propiedad Horizontal, muchas familias priorizan el alquiler y los servicios básicos, relegando los gastos comunes. Cabe destacar que las expensas desde diciembre de 2023 hasta hoy aumentó 400%.
El problema no es solo financiero: es político. El Estado nacional cobra impuestos específicos para sostener infraestructura y servicios, pero los desvíos presupuestarios y la falta de políticas de ingresos hacen que los consorcios funcionen con presupuestos “cero”, sin margen para imprevistos. Cada reparación en ascensores, bombas de agua o cañerías se convierte en un golpe directo a la economía de los vecinos.
La morosidad en las expensas es el espejo de la crisis más amplia: salarios que no acompañan la inflación, tarifas que suben y un Estado que se retira de su rol regulador. La consecuencia es que los consorcios deben recurrir a fondos de reserva o a los propietarios cumplidores para tapar baches financieros, mientras el incumplimiento amenaza con volverse crónico.
La crítica es inevitable: el Estado nacional, al desviar recursos y abdicar de su responsabilidad, convierte la vida cotidiana en un campo de inseguridad económica. La morosidad en las expensas no es un problema aislado de Rosario: es el reflejo de un país donde las familias deben elegir qué pagar y qué dejar de pagar, mientras el Estado se financia con impuestos que no cumplen su destino.