En el caso de Rosario, el incumplimiento roza el 20%. El Estado nacional, al desentenderse de la inflación y la caída de ingresos, empuja a las familias a elegir entre pagar el alquiler, los servicios o sostener los consorcios.
El dato es alarmante: las administraciones de consorcios de Rosario registran niveles de morosidad en expensas que ya alcanzan entre el 15 y el 20%, cuando a fines del año pasado apenas rondaban el 10%. Según la Cámara de la Propiedad Horizontal, muchas familias priorizan el alquiler y los servicios básicos, relegando los gastos comunes. Cabe destacar que las expensas desde diciembre de 2023 hasta hoy aumentó 400%.
El problema no es solo financiero: es político. El Estado nacional cobra impuestos específicos para sostener infraestructura y servicios, pero los desvíos presupuestarios y la falta de políticas de ingresos hacen que los consorcios funcionen con presupuestos “cero”, sin margen para imprevistos. Cada reparación en ascensores, bombas de agua o cañerías se convierte en un golpe directo a la economía de los vecinos.
La morosidad en las expensas es el espejo de la crisis más amplia: salarios que no acompañan la inflación, tarifas que suben y un Estado que se retira de su rol regulador. La consecuencia es que los consorcios deben recurrir a fondos de reserva o a los propietarios cumplidores para tapar baches financieros, mientras el incumplimiento amenaza con volverse crónico.
El Estado nacional, al desviar recursos y abdicar de su responsabilidad, convierte la vida cotidiana en un campo de inseguridad económica. La morosidad en las expensas no es un problema aislado de Rosario, es el reflejo de un país donde las familias deben elegir qué pagar y qué dejar de pagar, mientras el Estado se financia con impuestos que no cumplen su destino.