El presidente Javier Milei afirmó que desde enero se habían deportado “20 mil terroristas” al intentar ingresar a la Argentina. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Seguridad muestran otra realidad: se trata de inadmisiones migratorias por documentación irregular, antecedentes judiciales o incumplimiento de requisitos, no por vínculos con terrorismo.
Según el Ministerio de Seguridad, entre febrero y septiembre de 2026 se registraron 18.947 incidentes de entrada (rechazos en frontera) y 744 expulsiones. La ministra Alejandra Monteoliva explicó que las causas fueron “antecedentes, documentación irregular o incumplimiento de requisitos”. Ningún informe oficial menciona terrorismo. El propio jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, declaró en el Congreso que “no existe amenaza terrorista concreta sobre Argentina”.
El cambio en las reglas
Hasta 2023, los controles de ingreso eran menos estrictos y las inadmisiones rondaban cifras mucho menores. Con el DNU 70/23 y las reformas migratorias, el gobierno endureció la exigencia de documentación y antecedentes. El resultado fue un aumento de rechazos en frontera, pero por motivos administrativos y legales. Milei transformó ese endurecimiento en un relato político: presentar a quienes no cumplen requisitos como “terroristas”.
El presidente busca instalar una narrativa de amenaza externa para justificar su política desastrosa para le gente, los registros oficiales muestran que se trata de un ajuste burocrático en migraciones. La falacia queda expuesta ya que no hubo 20 mil terroristas, hubo 20 mil personas rechazadas por papeles incompletos, antecedentes o irregularidades.