El mes arranca con una nueva ola de aumentos que desnuda la contradicción central del gobierno de Javier Milei: mientras promete “desacelerar la inflación”, multiplica los tarifazos que pulverizan el ingreso de los hogares. La agenda oficial no muestra planificación, sino un mecanismo de ajuste automático que cada mes traslada más costos al bolsillo de la gente.
Alquileres: el golpe más fuerte
Los inquilinos deberán afrontar subas de hasta 31,67% en contratos anuales bajo el viejo régimen del ICL. Incluso en acuerdos trimestrales o cuatrimestrales, los aumentos rondan entre 6,7% y 9,8%. La política de vivienda brilla por su ausencia: el mercado se regula solo y el Estado se limita a mirar cómo se dispara la renta.
Transporte público: viajar cuesta cada vez más
En el AMBA, los colectivos suben entre 3,6% y 3,7%, con boletos que superan los $1.500 en recorridos largos. El subte porteño alcanza los $1.817 con SUBE registrada y el premetro $635,95. Los peajes también se encarecen: hasta $6.785 en hora pico en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. La movilidad urbana se convierte en un lujo cotidiano.
Salud y combustibles: dos frentes sensibles
Las prepagas aplican incrementos de entre 1,9% y 4,9%, erosionando aún más el acceso a la salud privada. Los combustibles suben por impuestos y por el precio internacional del petróleo, sin porcentajes definidos: las petroleras tienen vía libre para ajustar. El impacto se multiplica en transporte, logística y precios finales.
Servicios públicos: la factura interminable
El agua aumenta 2,7%, el gas 2,24% y la electricidad entre 2,34% y 2,41%, aunque el ajuste final depende de la Secretaría de Energía. La reforma de Zonas Frías amenaza con quitar el subsidio a 1,16 millones de usuarios, mientras se promete un régimen de Zonas Cálidas que todavía no existe más allá de los anuncios.
El relato vs. la realidad
El discurso oficial insiste en que la inflación se está “desacelerando”, pero la realidad es que cada mes se convierte en una nueva tanda de aumentos. La política tarifaria funciona como un ajuste permanente: no hay previsión, no hay coordinación, no hay alivio. El resultado es un octubre de bolsillo roto, donde la clase media y los sectores populares deben elegir entre pagar el alquiler, viajar, atender la salud o sostener los servicios básicos.