En su intervención como miembro informante del bloque del Partido Justicialista, el senador Jorge Capitanich cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional al considerar que parte de un diagnóstico falso. "La propiedad privada ya es inviolable en la Argentina porque así lo establece la Constitución Nacional. El problema no es ese; el problema es que millones de argentinos no pueden acceder a la propiedad", afirmó. Advirtió sobre el desafío de democratizar el acceso a la tierra y la vivienda, defendió la regulación estratégica del Estado sobre los recursos nacionales y alertó que la propuesta oficial encubre un proceso de despojo del patrimonio argentino.
Rechazo enfático a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego
En ese marco, Capitanich también cuestionó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego incluida en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Sostuvo que la reforma elimina una de las principales herramientas para desalentar los incendios intencionales y advirtió que forma parte de un conjunto de cambios que debilitan la protección del ambiente y de los recursos estratégicos del país.
El senador recordó que la legislación vigente impide modificar el destino de las tierras afectadas por incendios y prohíbe su comercialización inmediata, una medida que busca evitar que las quemas se conviertan en un negocio inmobiliario o especulativo.
"Rechazamos enfáticamente la modificación a la Ley de Manejo del Fuego."
Además, advirtió que la iniciativa vulnera el marco jurídico de protección ambiental al avanzar sobre normas como la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, debilitando las garantías para la preservación del territorio y los bienes comunes.
"Hoy, cuando un campo se incendia, la ley prohíbe que se lotee y se venda. Así desincentivamos los fuegos intencionales: ya no son negocio para nadie."
La función social de la tierra
Capitanich opinó que el acceso a la propiedad es un derecho no solamente protegido constitucionalmente sino también reconocido por la doctrina peronista y la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, mencionó la Constitución de 1949 y las encíclicas papales que desarrollan la función social de la propiedad, basada en los principios del bien común, la justicia social y la solidaridad.
Capitanich reivindicó el rol del Estado para poner límites a “la acumulación terrateniente” y denunció que el Gobierno busca utilizar al Estado en función de intereses personales y corporativos. “El problema en Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, es el acceso a la propiedad privada por parte de los pobres”, afirmó.
Además, en su intervención el senador consideró que se debe declarar una emergencia para la regularización dominial con el objetivo de “garantizar que 6.500 barrios populares y 16 mil asentamientos espontáneos puedan regularizarse”.
“Creemos necesario que el debate público se centre en el acceso a la propiedad por parte de los pobres. La inviolabilidad de la propiedad privada encubre maniobras para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”, agregó.
Soberanía, inversión extranjera y recursos estratégicos
Capitanich afirmó que el peronismo, históricamente, está a favor del desarrollo del capital, siempre que esté al servicio de la economía y el bienestar social. Sostuvo que no se rechaza la inversión extranjera directa, sino que se propone una regulación estratégica por parte del Estado. Además, recordó que durante los gobiernos peronistas la inversión extranjera directa alcanzó los 47 mil millones de dólares.
Desde una perspectiva geopolítica, señaló la importancia de regular la inversión extranjera en tierras rurales por su vinculación con el agua, la energía y los minerales estratégicos.“Que el Estado tenga capacidades de regulación para que la inversión extranjera sea compatible con los usos estratégicos”, enfatizó.
Por otra parte, criticó las reformas al régimen de desalojos al advertir que podrían provocar el desplazamiento de comunidades originarias y sectores vulnerables. El dictamen de minoría propone diferenciar los desalojos vinculados a contratos de aquellos que no lo están y establece plazos de hasta 180 días según la situación de las partes involucradas.
“Somos un país soberano, defendemos la soberanía terrestre y la toma de decisiones. Creemos en el capital, pero también en el Estado para generar incentivos a la producción”, sostuvo, al tiempo que recordó que países como Brasil y Estados Unidos establecen límites a la inversión extranjera en tierras rurales estratégicas.