El comercio ilegal le cuesta al Estado más de US$2.000 millones y golpea más a la industria nacional.
El contrabando se consolidó como uno de los principales problemas económicos del país. Según la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilegal ya representa el 5% del Producto Interno Bruto argentino, con pérdidas fiscales que rondan los US$2.300 millones.
Los celulares encabezan la lista de productos más contrabandeados: uno de cada tres ingresa de manera ilegal, lo que equivale a unos tres millones de unidades por año. El negocio paralelo también afecta a sectores como el tabaco, las cervezas y los textiles. En Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos consumidos son ilegales, lo que convierte al tabaco en el bien legal más contrabandeado.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, reconoció que “nuestro país viene de gobiernos con políticas laxas en controles” y advirtió que, aunque el Gobierno intenta reforzar herramientas, “controlar una frontera tan grande no es fácil”.
Desde la Aduana, Diego Figueroa explicó que se trabaja en tres ejes: desregulación, modernización de normas y sistemas, y control del tráfico de mercaderías. El secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, alertó sobre la sofisticación de las economías criminales: “El ingreso de mercadería ilegal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico”.
El diagnóstico es contundente: el contrabando no solo erosiona la recaudación fiscal, sino que debilita la producción nacional y el empleo formal. La falta de controles efectivos convierte a este delito en un problema estructural que exige respuestas más allá de los discursos.