Leandro Zdero llegó al gobierno del Chaco con la promesa de ordenar la provincia, mejorar la institucionalidad y recuperar una gestión que, según su propio discurso de campaña, debía dejar atrás los abusos del poder. A más de dos años de gestión, el balance muestra una orientación distinta, con una fuerte inversión en imagen, concentración del relato oficial, debilitamiento de medios públicos, manejo discrecional de la pauta y una sucesión de episodios que encendieron alarmas sobre la libertad de prensa.
La detención del periodista Fernando Ojeda en Margarita Belén, después de intentar hacer preguntas al gobernador sobre la crisis del agua y los salarios docentes, dejó expuesto el punto más grave de ese esquema. Ojeda fue reducido y trasladado por la Policía del Chaco durante una actividad oficial. Permaneció detenido alrededor de siete horas, hasta recuperar la libertad por orden judicial. El hecho fue repudiado por FOPEA y generó pronunciamientos políticos y periodísticos a nivel provincial y nacional.
El caso Ojeda tampoco aparece aislado. En menos de 24 horas, también se conoció una querella criminal contra el periodista Roberto Espinoza, impulsada por un funcionario del entorno político del gobernador. La coincidencia temporal entre ambos episodios reforzó la lectura de una política de presión sobre comunicadores críticos.
La prensa como problema para el poder
El vínculo del gobierno chaqueño con los medios críticos se deterioró desde el inicio de la gestión. Uno de los antecedentes más fuertes fue el desmantelamiento de los medios públicos provinciales. A comienzos de 2025, fueron despedidos los trabajadores del ex-Chacotv y Radio Provincia, en el marco de una reestructuración presentada oficialmente como una medida de austeridad.
El impacto fue laboral, institucional y comunicacional. La salida masiva de trabajadores dejó en crisis a herramientas públicas que deberían garantizar pluralidad, producción local y acceso ciudadano a la información. En los hechos, el canal público quedó atravesado por una reorganización que redujo voces, debilitó equipos y concentró aún más el control de la comunicación estatal.
A ese cuadro se sumó el fallo reciente de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Resistencia, que revocó la reinstalación de tres trabajadores del ex Chaco TV que además eran delegados gremiales. La resolución dejó sin efecto una medida que los había protegido tras los despidos y habilitó que quedaran fuera del canal. El fallo también validó la idea de que el nuevo esquema de Somos Uno funciona sin continuidad laboral respecto del ex Chaco TV, una interpretación con fuerte impacto sobre los derechos de los trabajadores y sobre el futuro de los medios públicos.
Se desmonta la estructura pública de comunicación, se judicializa o se expulsa a quienes resisten. Finalmente, se consolida un sistema donde la palabra oficial circula con recursos, protección y pantalla, mientras las voces incómodas enfrentan precarización, causas, despidos o exclusión.
Pauta oficial, relato y exclusión
La otra pieza del esquema es la publicidad oficial. Mientras áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y servicios públicos acumulan reclamos, el gobierno chaqueño destinó cifras millonarias a la pauta. Planillas de pagos difundidas por medios locales muestran montos elevados destinados a sostener la comunicación gubernamental en un contexto de crisis salarial, hospitales tensionados, escuelas con dificultades y servicios esenciales deteriorados.
El problema no es la existencia de pauta oficial. Toda gestión necesita comunicar actos de gobierno, campañas públicas y servicios a la ciudadanía. El problema aparece cuando ese dinero se distribuye sin criterios claros, con favoritismos políticos y dejando afuera a medios que no acompañan el relato oficial. Medios comunitarios, cooperativos y autogestivos del Chaco ya reclamaron conocer el destino de esos fondos y los criterios de asignación. También advirtieron que la eliminación o reducción de pauta puso en riesgo a decenas de empresas periodísticas y a cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.
La pauta, usada de esa manera, deja de ser una herramienta de comunicación pública y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento. Premia obediencias, castiga críticas y condiciona la sustentabilidad de proyectos periodísticos. El resultado es un ecosistema informativo más pobre, más dependiente del poder político y menos útil para la ciudadanía.
Una gestión obsesionada con el control del relato
La detención de Ojeda, la querella contra Espinoza, los despidos en los medios públicos, el fallo que dejó afuera a delegados del ex Chaco TV y la distribución discrecional de la pauta forman parte de una misma discusión democrática. Chaco atraviesa problemas concretos, como la crisis del agua en distintas localidades, conflictos salariales, deterioro de rutas y servicios públicos, reclamos docentes, dificultades sanitarias y falta de obras públicas. Frente a ese escenario, el gobierno parece dedicar más energía a administrar la imagen que a responder preguntas.
Un gobernador puede evitar una pregunta, responderla, discutirla o admitir que no tiene una solución inmediata. Lo que no puede hacer un gobierno democrático es naturalizar que una consulta periodística termine con un cronista detenido. Tampoco puede usar el aparato estatal, judicial, laboral o publicitario para marcar los límites de lo que se puede decir.
Zdero prometió orden institucional. La situación actual muestra otra cosa, que se refleja en una propaganda abundante, medios públicos debilitados, pauta concentrada y periodistas bajo presión. La ciudadanía chaqueña necesita gestión, respuestas y transparencia. Recibe, demasiadas veces, una puesta en escena cuidada al detalle y una tolerancia cada vez menor frente a quienes hacen preguntas.