Una nueva denuncia penal ingresó en Comodoro Py para que se investigue la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La presentación fue realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y apunta contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al negocio del dragado del río Paraná.
La denuncia menciona a Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, la empresa Jan De Nul y el grupo Neuss, entre otros. El planteo judicial reclama que se investiguen presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
El caso se suma a los cuestionamientos ya formulados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que había advertido sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio.
Sospechas sobre un pliego a medida
Uno de los ejes de la presentación es la presunta confección de un pliego diseñado para favorecer a Jan De Nul, actual operadora del dragado a través de la Compañía Sud Americana de Dragados.
Según los denunciantes, la exigencia de determinadas condiciones técnicas, entre ellas el calado de 44 pies, limitaría la competencia real y dejaría en ventaja a la empresa que ya opera en el río, cuenta con equipamiento disponible y tiene la logística instalada.
La denuncia sostiene que la maniobra podría generar un perjuicio estimado en 7.000 millones de dólares. También menciona presuntas reuniones informales en Puerto Madero y el desplazamiento de técnicos dentro del área de Puertos y Vías Navegables que habrían realizado observaciones sobre los costos del dragado.
El control del peaje
Otro punto sensible es el esquema de cobro del peaje. La presentación cuestiona que el concesionario privado vuelva a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos.
Para los denunciantes, ese cambio reduciría la capacidad de control del Estado sobre una vía clave para el comercio exterior argentino. La Hidrovía concentra buena parte de la salida de exportaciones y tiene impacto directo sobre los puertos, la producción y la logística del Litoral.
Entre las medidas solicitadas, la fundación pidió el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir las exigencias técnicas y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.
También reclamó una cautelar para suspender el proceso licitatorio hasta que se auditen los pliegos y se garantice la transparencia.
La causa recién comienza, pero la licitación de la Hidrovía ya quedó atravesada por una nueva denuncia penal. Para el Litoral, el tema tiene peso propio, ya que define quién controla el principal corredor fluvial del país, quién cobra el peaje y bajo qué condiciones se administra una renta estratégica para la economía argentina.