La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modificó su estrategia judicial en las causas vinculadas al cobro del Impuesto a las Ganancias sobre haberes previsionales y resolvió dejar de apelar de manera sistemática los fallos favorables a jubilados, luego de los sucesivos reveses sufridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida fue formalizada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, firmada por el subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo, Gustavo Heber Paturlannes, donde se reconoce expresamente la existencia de una “reiterada jurisprudencia” del máximo tribunal contraria a la aplicación del tributo en determinados casos de jubilados en situación de vulnerabilidad.
Con este cambio, ARCA instruyó a sus representantes legales a no continuar elevando recursos extraordinarios ni presentar recursos de queja ante la Corte cuando existan antecedentes judiciales desfavorables consolidados.
Además, el organismo ordenó desistir de los recursos ya presentados en aquellas causas donde todavía no se hubiera abierto formalmente la instancia judicial superior.
La decisión implica, en los hechos, un reconocimiento de la dificultad que enfrenta el Estado para sostener judicialmente el cobro de Ganancias sobre jubilaciones en casos donde la Corte ya fijó doctrina sobre edad avanzada, enfermedades o situaciones de vulnerabilidad económica.
El antecedente central es el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado en 2019, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la aplicación del impuesto sobre los haberes de una jubilada de 79 años con problemas de salud.
En aquella resolución, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que el análisis del impuesto debía contemplar la especial vulnerabilidad derivada de la edad y el estado de salud de los jubilados.
La Corte consideró entonces que el Congreso debía establecer criterios diferenciales para el tratamiento tributario de los adultos mayores, atendiendo tanto a su capacidad contributiva como a sus condiciones personales.
Hasta tanto exista una regulación específica, el tribunal ordenó suspender las retenciones sobre la demandante y devolver los montos descontados desde el inicio de la causa.
A partir de esa doctrina, distintos tribunales federales comenzaron a replicar el mismo criterio y rechazaron sucesivamente los recursos presentados por el Estado nacional, generando un escenario adverso para el organismo recaudador.
Frente a esa situación, ARCA resolvió modificar su política judicial para evitar seguir acumulando litigios con escasas posibilidades de éxito y reducir los costos derivados de honorarios, costas y procesos prolongados.
No obstante, el organismo aclaró que la nueva directiva no implica abandonar completamente todas las disputas vinculadas al impuesto sobre jubilaciones. Según la instrucción interna, podrán mantenerse recursos en casos donde existan circunstancias particulares que permitan discutir el criterio aplicado o cuando se cuestione la legitimación de quienes impulsan las demandas.
La decisión también expone un problema estructural que permanece sin resolución legislativa. A más de siete años del fallo García, el Congreso todavía no avanzó en una reforma específica que defina de manera clara cuándo corresponde o no aplicar Ganancias sobre haberes previsionales.
Mientras tanto, miles de jubilados continúan recurriendo a la Justicia para reclamar la devolución de descuentos que consideran inconstitucionales, en un contexto donde el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones volvió aún más sensible el impacto de la carga tributaria sobre los ingresos previsionales.