Crecen las sospechas sobre empresas vinculadas
La Justicia federal avanzó sobre una millonaria licitación impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y exigió al Gobierno la entrega inmediata de toda la documentación vinculada al contrato destinado al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
El expediente, valuado en alrededor de 700 millones de pesos, quedó bajo sospecha luego de una denuncia que advierte sobre una posible maniobra de competencia simulada entre empresas que, aunque se presentaron como oferentes rivales, pertenecerían al mismo grupo empresario.
La investigación comenzó a tomar impulso tras una presentación realizada por la diputada Marcela Pagano, quien acusó a funcionarios de la Presidencia de haber permitido un proceso irregular que podría encuadrarse en delitos contra la administración pública.
El fiscal federal Ramiro González solicitó al juez Sebastián Ramos que requiera el expediente completo de la licitación pública N° 23-0005-LPU26 para determinar en qué estado se encuentra el procedimiento y si llegaron a ejecutarse pagos vinculados al contrato.
El núcleo de las sospechas se centra en las firmas “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA”, que participaron de la compulsa como supuestas competidoras, aunque ambas integrarían el mismo conglomerado empresarial denominado “Grupo Buena Vista SA”.
Según la denuncia, esta relación ya había sido advertida en un dictamen técnico de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitido en 2024, donde se establecía la vinculación societaria y operativa entre las compañías.
La presentación judicial de Pagano sostiene que la Secretaría General de la Presidencia tenía la obligación de verificar la independencia económica de los oferentes y evitar una situación que pudiera derivar en una “ficción licitatoria” destinada a aparentar competencia para favorecer condiciones económicas artificiales.
La legisladora, actualmente distanciada de La Libertad Avanza, acusó a Karina Milei de posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.
El fiscal González, sin embargo, optó inicialmente por una estrategia cautelosa y pidió primero acceder a toda la documentación antes de avanzar con imputaciones formales. En su dictamen dejó asentado que aún resulta necesario determinar el estado administrativo del procedimiento licitatorio y verificar si existieron desembolsos o adjudicaciones efectivas.
La causa vuelve a colocar a la mesa chica del gobierno de Javier Milei bajo un escenario incómodo, especialmente porque el oficialismo construyó gran parte de su identidad política alrededor del discurso anticorrupción y de las críticas permanentes hacia los mecanismos tradicionales de contratación estatal.
El episodio además profundiza la interna libertaria. Pagano, quien llegó al Congreso dentro del espacio oficialista, ya impulsó otras denuncias contra dirigentes cercanos al Presidente, entre ellas una causa que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y a su hermano Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
Ahora, el foco judicial se posa sobre una licitación sensible vinculada directamente a la estructura presidencial y administrada por el área de máxima confianza de Milei: la oficina conducida por su hermana Karina.
La continuidad de la investigación dependerá de la documentación que entregue el Ejecutivo. Una vez analizados los expedientes, el fiscal González deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar formalmente contra funcionarios de la Secretaría General y abrir una investigación penal de mayor alcance sobre el manejo de fondos públicos dentro de la Presidencia.