Jorge Capitanich presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley de Juicio de Residencia para establecer un sistema de rendición de cuentas sobre quienes ejercen funciones públicas. La iniciativa alcanza al Poder Ejecutivo, al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público, con un criterio central: desde el Presidente de la Nación hasta los niveles inferiores del Estado deben responder ante la ciudadanía por lo que hacen en el ejercicio de sus cargos.
El proyecto ingresó como expediente 293/26 y propone incorporar el artículo 95 bis a la Ley 24.156, vinculada con la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. La iniciativa fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Rendir cuentas ante la ciudadanía
En un video difundido en redes, Capitanich sostuvo que “desde el Presidente de la República hasta el más mínimo inferior de los rangos” deben rendir cuentas “al Estado” y, sobre todo, “a los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina”.
El senador explicó que el Juicio de Residencia funciona como un mecanismo para controlar el comportamiento de quienes ejercen responsabilidades públicas. Para eso, plantea cuatro elementos principales.
El primero es que cada funcionario asuma con objetivos, metas, actividades y tareas claramente delimitadas. Esa definición permitiría realizar un control de gestión real sobre su desempeño.
El segundo punto es extender ese control a legisladores, jueces y fiscales, para que también deban explicar qué hicieron, cómo actuaron y qué decisiones tomaron durante el ejercicio de su función.
Información pública y control por oposición
El proyecto también propone informar la ejecución presupuestaria a través de la Auditoría General de la Nación, organismo que tiene rango constitucional y cumple funciones de control externo del sector público nacional.
Capitanich remarcó que la AGN debe tener un rol central porque su conducción corresponde a la oposición. En esa línea, defendió la necesidad de un “control por oposición” para evitar que el propio oficialismo sea el único encargado de revisar su gestión.
Otro punto clave es la obligación de presentar declaración jurada patrimonial e impositiva. El objetivo es que la ciudadanía pueda conocer la evolución del patrimonio de quienes ocupan cargos públicos y también verificar si cumplen con sus obligaciones tributarias, “como cualquier hijo de vecino”, según expresó el senador.
La propuesta además plantea que esa información sea publicada junto con el currículum de cada autoridad. En el caso de los legisladores, se incluirían sus votos. En el caso de jueces y fiscales, sus fallos, actuaciones y decisiones.
El debate pasa al Congreso
Capitanich recordó que el mecanismo de Juicio de Residencia ya fue aplicado en Chaco, donde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas interviene como órgano de control. En el plano nacional, su propuesta asigna ese rol a la Auditoría General de la Nación.
El planteo central del proyecto es que el ejercicio del poder público tenga controles verificables y accesibles para la ciudadanía: objetivos de gestión, presupuesto ejecutado, patrimonio, situación impositiva, antecedentes, votos legislativos y decisiones judiciales.
Ahora la discusión queda en manos del Congreso. Allí se verá si la rendición de cuentas avanza como una obligación concreta para todos los poderes del Estado o si vuelve a quedar reducida a una consigna útil para los discursos y menos cómoda cuando debe aplicarse sobre quienes toman decisiones públicas que afectan a la ciudadanía.